El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma exprés del CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional, después de que superara el miércoles el primer paso en la cámara baja. El texto diseñado por el PSOE ha sido aprobado por 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones. Así pues, ha contado con el apoyo de los mismos socialistas, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, entre otros. Esta reforma exprés permite que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar los dos miembros del tribunal de garantías que le corresponden, a pesar de estar todavía en funciones. De hecho, el PSOE también ha sacado adelante la enmienda para que el plazo de este nombramiento sea hasta el 13 de septiembre.
La proposición de ley ha recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados de una tacada, sin pasar por ponencia ni comisión. El texto se remite ahora al Senado para su votación y aprobación definitiva. La intención es que la reforma exprés se apruebe definitivamente en la cámara alta la próxima semana y que entre inmediatamente en vigor. Es decir, entrará en vigor el plazo de tres meses para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los dos magistrados del TC que le corresponden. Quede claro que el plazo de tres meses empieza desde el 12 de junio, fecha cuando caducaron cuatro magistrados del tribunal de garantías: el presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, el magistrado Antonio Narváez y el magistrado Santiago Martínez-Vares. Es por esto que el 13 de septiembre es la fecha límite.
Contexto para la reforma del CGPJ y la renovación del TC
La reforma exprés del CGPJ ha sido una de los protagonistas del debate de la nación española, que ha destacado a la batería de medidas anunciadas por Pedro Sánchez. Desde su inicio (martes) hasta la finalización del debate este jueves, ha quedado patente que esta reforma no gusta especialmente los socios de investidura del presidente español. La han tildado de "chapucera", a la vez que han reconocido que es un mal menor para evitar que el PP siga bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Es por esto que el diputado de Junts Josep Pagès precisó que la actitud de los populares es "un escándalo que deteriora la democracia", mientras que el diputado del PDeCAT Genís Boadella ha recordado que un CGPJ y un TC caducados demuestran que "la democracia de cristal está resquebrajada" y hay que "mover ficha".
Para entender la cuestión se tiene que recordar uno de los movimientos que hizo el ejecutivo estatal: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo del 2021 que prohibía al órgano realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones (una situación en la cual se encuentra desde el 2018). El pasado 12 de junio caducaron cuatro de los doce magistrados del TC y la Constitución fija que este tercio tienen que renovarlo el Gobierno y el mismo CGPJ. Si bien tiene que proponer dos cada uno, la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo poder judicial provocaba que el actual no pudiera nombrar a sus dos magistrados (de acuerdo con la reforma de marzo del 2021). La Constitución establece en el artículo 1590 que "los miembros del TC serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", siendo nombrados por el Rey "cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ". Se entiende que existe la obligación de renovar por tercios completos, de manera que el ejecutivo estatal y el CGPJ tienen que postular a sus magistrados para presentar un paquete cerrado. Con la reforma exprés que ha salido adelante este jueves, eso será posible.