El Gobierno ha aprobado este martes una reforma del reglamento de la ley de extranjería que aparte de reducir plazos también simplifica los requisitos para regularizar los migrantes que viven en España sin papeles. Así lo ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado los principales cambios de la cual ha calificado de "la reforma más integral y ambiciosa" de este texto desde que entró en vigor, hace 13 años. Según los cálculos del Gobierno, con esta reforma podrán regularizarse de media 300.000 personas al año durante los próximos tres. "El reglamento servirá para combatir mafias, para combatir fraudes y para combatir la vulneración de derechos", ha recalcado a la ministra. Entre las novedades que presenta la reforma es que reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a las figuras de arraigo¡, establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, refuerza la protección para los trabajadores de temporada y mejora la reagrupación familiar. El nuevo reglamento no solo acorta plazos, sino que también aporta más garantías y rigor jurídico de acuerdo con las necesidades del mercado laboral a España y de los migrantes, la legislación europea y el reto demográfico del país, según ha señalado la ministra.

Las novedades del reglamento

Una de las principales novedades del nuevo reglamento es la reformulación de las figuras de arraigo, el mecanismo que permite a las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular conseguir los papeles y que ha sido remarcado por la ministra para ser único en la Unión Europea. Hasta ahora se recogían cuatro tipos de arraigo —sociales, laborales, familiares y para la formación—, a partir de ahora serán 5, añadiendo el arraigo de segunda oportunidad. La modificación permite que las figuras se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ellas de 3 a 2 años, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a sus beneficiarios a trabajar desde el primer momento.

Todas estas autorizaciones serán de un año, excepto la familiar, que será de cinco. Según ha explicado la ministra, a finales del 2023 había 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en el 2022 y entre 2022 y 2023 aumentó un 30,4% la afiliación entre personas beneficiarias de este tipo de permiso. Saiz ha destacado "que una sociedad próspera tiene que saber formar y captar el talento". Por eso, ha dicho que en materia de formación las personas sujetas a este reglamento podrán disfrutar de una autorización de estancia por estudios que dure todo el tiempo que se alargue su formación.

La ministra ha destacado que el nuevo reglamento también ha expuesto que "facilita" la regularización de aquellos migrantes que sean objeto de explotación laboral. Por otra parte, los empresarios y las empresas ha dicho que "dispondrán de más información de todo el proceso que, además, se ha simplificado y se ha hecho más flexible para adaptarse mejor a las necesidades concretas, como la duración determinada, la gestión colectiva y contrataciones, entre otros".

Visados de un año 

El nuevo reglamento también crea un título específico para los visados, simplifica los procedimientos, delimita las competencias entre consulados y oficinas de extranjería y establece que todas las autorizaciones iniciales serán de 1 año y las renovaciones, de 4. Eso servirá para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida, una situación que también se pretende simplificando los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra: por ejemplo, no será necesario abandonar el país para obtener la residencia de larga duración después de una temporal. La modificación también extiende el visado para la búsqueda de trabajo de tres meses a un año, y será un "visado de residencia".

El nuevo reglamento también contempla más protección para los trabajadores de temporada. La ministra ha detallado que para fomentar la inclusión de la población extranjera se basa en tres ejes: el trabajo, la formación y la familia. En el ámbito laboral, la mayor parte de las autorizaciones habilitará para trabajar desde el primer momento sin tener que solicitarlo expresamente, incluso a las personas que lleguen al Estado español para estudiar. Además, se ha creado una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada que facilita la contratación individual y colectiva y mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que estos tendrán que tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan de sus condiciones laborales, de estancia y otros gastos. Se mejoran sus condiciones de habitabilidad y la seguridad del trabajador desde que sale de su país hasta que se da de alta en la Seguridad Social y se incluye la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso u otras causas que hayan impedido desarrollar la relación laboral, como una plaga en la cosecha.

Reagrupación familiar

Por último, el nuevo reglamento también incluye una mejora del reagrupamiento familiar a través de la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles. Entre las novedades, se amplía la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, se incluyen otras realidades como las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga y se permite la reagrupación de los hijos y progenitores de víctimas de tráfico, violencia sexual o de género. La mayoría de los beneficiarios de esta medida son personas que han obtenido la nacionalidad española durante los últimos años y podrán traer a su familia. En relación con la formación de las personas que lleguen al Estado español para estudiar, disfrutarán de una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios. Además, mientras estudian, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.

La reforma aprobada este martes es diferente de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de extranjeros, una propuesta que tiene la intención de beneficiar medio millón de migrantes que viven en España sin papeles, que está avalada por más de 600.000 firmas y continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados. Preguntada por esta ILP, la ministra ha afirmado que "valora" que se produzcan estos debates al Congreso y al Senado y "que los grupos políticos dialoguen y afronten en la agenda política una cosa tan importante".