El juzgado de instrucción 1 de Barcelona investiga la presunta malversación a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona mediante una serie de entidades.
Fonts policials asseguren a El Nacional que han fet una trentena de detinguts dels quals 25 han quedat en llibertat. Los cinco detenidos restantes pasarán la noche en la comisaría de la policía española del barrio barcelonés de la Verneda y serán puestos mañana a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Se trata de Joan Carles Garcia, diputado y alcalde de Tordera; Jordi Castells, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat; Víctor Terradelles, presidente y patrón de la Fundación CATmón, y Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC hasta 2014. Fuentes cercanas al caso explicaron que serían las cinco personas con más responsabilidad en la presunta trama.
La investigación comenzó hace un año y los hechos se remontan entre el 2012 y el 2015 y hacen referencia a las subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona.
La policía ha detenido -y dejado en libertad, posteriomente- al ex presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, que fue presidente del 2011 al 2015. La Policía también ha detenido al director general de la Plataforma Educativa, Jordi Pascual.
Los registros
Se han hecho registros en la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona, en la calle Londres, con la presencia de Juan Carlos Garcia. La policía ha entrado también en la sede de la fundación CATmón de Reus y la Plataforma Educativa de Girona. Hay registros previstos en fundaciones de Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, Falset, Mataró, Manresa, Sant Cugat del Vallès i Arenys del Mar.
La policia ha entrat a 19 despatxos de seus de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, seus de fundacions, a diverses empreses així com cases particulars dels que la Fiscalia considera "principals membres de la organització".
Doscientos policías españoles de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han desplegado en Barcelona para llevar a cabo un macrooperativo policial.
El juez Joaquin Aguirre investiga los supuestos delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades por un valor mínimo de dos millones de euros. El origen del caso está en una denuncia de principios del año 2017 posterior a la denuncia dque presentó la CUP y el sindicato CGT a la Oficina Antifrau.
Segons la investigació les subvencions per a ajudes per a projectes en països en desenvolupament "transitaven de forma anòmala" entre els comptes bancaris de IGMAN, CATmón i la societat mercantil DISCATIMAT S.L, per finalment ser reintegrats en efectiu, destinats a "sufragar les despeses de l'activitat de l'entramat criminal o a nodrir els comptes personals de diversos implicats en la trama".
Operación Estela
La operación, que ya ha sido bautizada como operación Estela y que está dirigida por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona y coordinada por la fiscalía anticorrupción, busca encontrar información que vincule un supuesto desvío de dos millones de euros de fondos públicos y tiene por objetivo acabar con una treintena de detenciones, entre ellas la de un aforado, trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación y, según publican varios medios, no se puede descarta la de miembros de alguna conselleria de la Generalitat.
Las sospechas se centran en diferentes partidas que destinó la Generalitat el año pasado al desarrollo de áreas desfavorecidas del tercer mundo. Sin embargo, de momento, no tienen ninguna prueba y eso es lo que buscarían hoy en estos registros, que se estarían realizando en diferentes viviendas de Barcelona, Tarragona, Girona y Reus, pero que se tiene que centrar en la Diputación de Barcelona.
El delegado del Gobierno, Enric Millo, ha explicado a El matí de Catalunya Ràdio que se trata de una operación policial "de carácter judicial" y que "probablemente" se producirán registros y detenciones. A pesar de que ahora mismo no hay policía —a pesar de que sí están presentes muchos medios de comunicación—, la Diputación de Barcelona sería uno de los objetivos principales de la policía española.