La situación de Junts se enturbia en el Parlament. La secretaria segunda de la Mesa de la cámara, Aurora Madaula, ha presentado una denuncia ante la Oficina d'Igualtat del Parlament contra su grupo parlamentario por acoso por razón de género, tal como ha adelantado el diario Ara y ha podido confirmar ElNacional.cat. Madaula, que se encuentra de baja médica, ya manifestó en el marco del Parlament de les Dones celebrado a finales de noviembre que había sufrido "violencias machistas silenciosas" por parte de compañeros del partido. Esta denuncia de la también vicepresidenta de los juntaires se suma a la que presentó la diputada Cristina Casol en la misma Oficina d'Igualtat por acoso por razón de género. La causa de Casol fue cerrada por no haber encontrado "hechos probados" a pesar de admitir en el informe que en el grupo hay "machismo arraigado".
Ambas denuncias han tensado el grupo parlamentario de Junts, con una mayoría de diputados en contra de las denuncias de Madaula y Casol —afines a la presidenta del partido, Laura Borràs. Poco después de la denuncia en el atril del Parlament de la secretaria segunda de la Mesa, se presentaron tres denuncias en la Comisión de Garantías de la formación. Una de estas era de la misma Aurora Madaula, denunciando las "violencias machistas silenciosas" que había señalado desde la cámara catalana y reclamando la activación del protocolo de acoso del partido. Más adelante, Madaula retiró la queja por reticencias con este órgano de la formación —previamente se habían apartado de la causa tres de los seis integrantes de la Comisión. Lo que sí que examina este órgano juntaire son las otras dos denuncias: una, de 22 diputados del grupo parlamentario, que consideran que la vicepresidenta del partido ha hecho un "uso político" de la violencia machista y entienden que ha "vulnerado" el código ético; y la otra, de la sectorial de Feminismos de Junts, alineada con los planteamientos de la anterior queja mencionada.
Como pasó con el expediente de Cristina Casol, los hechos denunciados por Aurora Madaula tendrán que ser investigados por una empresa externa (así lo indica el protocolo de acoso de la cámara) y esta tendrá que citar a diputados del grupo de Junts. En el caso de Casol, la causa la instruyó el Institut de Treball i Serveis Socials. Cuando se cerró el caso de la que fue la número 2 de la lista de Junts por Lleida, empezaron los movimientos de más de una veintena de parlamentarios para reclamar la dimisión de Cristina Casol. La semana pasada, la mayoría de miembros del secretariado permanente del partido coincidieron con que esta sería la mejor solución. Este martes, en la reunión del grupo parlamentario, no se tomó ninguna decisión, sino que simplemente se hizo una exposición cronológica de los hechos. Lo que sí que es altamente probable es que el próximo lunes, en la ejecutiva de la formación, se trate con profundidad esta carpeta, ya que hay numerosos dirigentes que creen que la decisión se tiene que tomar "pronto". Mientras tanto, Casol rechaza dejar el acta de diputada y, en el caso de que sea expulsada del grupo parlamentario, pasaría a ser no adscrita.
La propuesta de Erra para revisar el protocolo de acoso
Esta misma semana, en la reunión de la Mesa del martes, la presidenta del Parlament, Anna Erra, puso encima de la mesa la opción de suspender y modificar el protocolo de acoso con el cual cuenta la cámara catalana, tal como ha adelantado Nació y ha podido confirmar este diario. El planteamiento llega, también, en medio de los casos de Aurora Madaula y Cristina Casol. De hecho, este protocolo se aprobó en diciembre de 2021, con la presidencia de Laura Borràs. La iniciativa de suspenderlo para proceder a su revisión fue declinada por el resto de partidos que integran el órgano rector de la cámara (el PSC, Esquerra Republicana y la CUP). En lo que sí que coincidieron es en la necesidad de revisarlo. De hecho, fuentes próximas a la Mesa explican que la presidenta del Parlament, Anna Erra, planteó la solicitud de un informe jurídico que detalle la viabilidad de una revisión de este protocolo —puesto que se han detectado carencias, como la "ruptura de la confidencialidad" con la difusión de la denuncia que había presentado Casol— y si, en el supuesto de que se haya reforzado o modificado, se tenga que proceder a la suspensión temporal de este, como sugería Erra. El resto de la Mesa estuvo de acuerdo en ello y se ha encargado ya el informe.
Tanto los republicanos como los cupaires cuestionaron que se tuviera que suspender este protocolo, ya que entienden que "debilitaría" las herramientas de las cuales el Parlament se dota para abordar los casos de acoso. Por parte de los anticapitalistas, también se consideró que haber accedido a la propuesta de Erra dejaba en una "situación de indefensión" a posibles víctimas y una "inacción" de la cámara "incumpliendo sus obligaciones" en este tema. Por su parte, ERC se abrió a reforzar el protocolo e introducir modificaciones, si procede, pero sin dejarlo sin efecto. En términos similares se pronunció la CUP a través de Carles Riera: el grupo afirma que hay que mejorar el protocolo y su capacidad de prevención y abordaje sin que eso implique congelarlo.