La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha pedido a la Fiscalía que archive la investigación que le abrió hace más de un año para colaborar en la organización del referéndum del 1-O, al considerar que es "desproporcionada" y que ha superado "con creces" el límite temporal máximo en este tipo de diligencias.

La defensa de Madrenas reclama el "archivo inmediato" de las diligencias que se le abrieron en vísperas del 1-O, a raíz de una instrucción de la Fiscalía General del Estado que ordenaba investigar a los más de 700 alcaldes que se habían mostrado dispuestos a ceder locales para celebrar el referéndum.

La instrucción del entonces fiscal general, José Manuel Maza, motivó que el ministerio público citara a declarar una cincuentena de alcaldes y, transcurridos los seis meses máximos que la ley prevé, las investigaciones se prorrogaron para seguir adelante con las indagaciones.

Plazos superados

La alcaldesa argumenta en su escrito que no sólo no hay "indicios de los delitos supuestamente imputados" -desobediencia, prevaricación y malversación-, sino que la Fiscalía "ha superado con creces el plazo legalmente establecido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

Con respecto a la prórroga, la defensa de Madrenas alega que "no tiene que ser una simple formalidad, sino que tiene que adecuarse a la necesidad y tiene que justificarse la imposibilidad de haber podido finalizarse la investigación en el plazo de seis meses", por lo que tiene que tener un carácter "extraordinario".

En este caso, no obstante, añade Madrenas, "no sólo han sobrepasado los seis meses fijados como máximo de las diligencias de investigación, sino también el plazo de un año en el hipotético caso de que se haya solicitado, justificado y acordado una prórroga".

Para la defensa de la alcaldesa, la Fiscalía ha actuado "realizando prospecciones inquisitivas y asumiendo competencias que no le correspondían", ya que hay otras diligencias judiciales abiertas por los preparativos del 1-O, por lo cual el escrito advierte: "nos encontramos delante de una parainstrucción que no pertenece a nuestro ordenamiento procesal".

Investigación "desproporcionada"

Según Marta Madrenas, la investigación de que está siendo objeto es "totalmente desproporcionada", derivada de una instrucción de la Fiscalía General que perseguía únicamente "criminalizar a centenares de cargos electos" que apoyaron el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.