El conflicto abierto entre la Junta de Andalucía y el gobierno central derivado de la ampliación de regadíos prevista en el Parque Natural de Doñana (Huelva) amenaza con recuperar viejas recetas que se aplicaron a Catalunya después de los hechos de octubre de 2017. A raíz del litigio entre las dos administraciones -con la mediación de las instituciones europeas-, el Gobierno tiene encima de la mesa un catálogo de medidas para aplicar en caso de que el Parlamento andaluz se obstine en la aprobación de la proposición de ley del PP y Vox, que aspiran a legalizar centenares de cultivos en torno a la reliquia natural de Huelva, en estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias. Andalucía persiste a pesar de las amenazas de multa de la Unión Europea y el rechazo de la comunidad científica y de ecologistas.
De entrada, una vez la cámara andaluza empezó la tramitación del texto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comandado por Teresa Ribera, ya puso la primera carta a la vista: recurso suspensivo al Tribunal Constitucional en caso que se apruebe la normativa. "No negociaremos ilegalidades: no caben enmiendas, solo cabe la devolución íntegra de esta ley al situi del que nunca tendría que haber salido, en beneficio de los españoles, que es la papelera", lanzó Ribera al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, uno de los barones más potentes del Partido Popular. Sin embargo, el camino del TC, que podría paralizar cautelarmente la ley hasta que se resolviera el contencioso, sería largo y arduo.
Para responder al conflicto de raíz ecológica pero de derivada política, La Moncloa ha soltado que "adoptará todas las medidas compatibles con la Constitución y el Derecho Europeo para defender el Parque Nacional de Doñana", explican fuentes del Ministerio a El Nacional. Esta afirmación poco concreta abre un abanico de posibilidades y inicia el camino de la intervención estatal sobre las competencias exclusivas que tiene Andalucía sobre la gestión de Doñana. Una de las opciones que es sacarle las competencias y aplicar un "155 ambiental" para asumir la responsabilidad en la zona.
Declarar el estado de emergencia medioambiental
Este artículo de la Constitución de amargo recuerdo en Catalunya tendría otra versión en Andalucía. Llegaría a través de la declaración de estado de emergencia y asumiendo, por esta vía, la gestión directa del espacio. La vía es la ley española de Parques Nacionales, que en el artículo 13 reza: "En caso de una catástrofe medioambiental, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por propia iniciativa, previa consulta a la comunidad o comunidades autónomas en las cuales se encuentre comprendido el parque nacional o a petición de las autoridades competentes podrá declarar el estado de emergencia en este parque nacional, con la finalidad de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no se puedan evitar mediante los mecanismos de coordinación ordinarios".
Según cuenta a El Nacional Juanjo Carmona, un abogado especializado en medio ambiente que asesora entidades ecologistas, el Estado tiene herramientas para contrarrestar la proposición de ley polémica en caso de que se acabe aprobando. "Lo más probable", asegura Carmona, "es que el gobierno central intervenga denunciando invasión de competencias el día después de la aprobación de la norma". Recuerda que el plan para legalizar pozos se vincula con la gestión del agua, que es una competencia atribuida al Estado mientras que la ordenación del territorio queda en manos de la Junta.
Preguntado por el "155 ambiental" a través del artículo 13 de la Ley de Parques Nacionales, Carmona lo ve "más complicado y complejo" teniendo en cuenta que, con el movimiento, "el Estado también tendría que meter la mano en otros parques en situación crítica, como los humedales de Tablas de Daimiel [Castilla-La Mancha]". Sea como sea, el jurista, que recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que va en contra del proyecto de Moreno Bonilla, vaticina que si el texto sale adelante, "Europa llevará a los juzgados al reino de España y lo acabará condenando". Para acabar, subraya que la legislación andaluza es "débil" y recuerda que podría decaer si el Ministerio y la Confederación Hidrológica del Guadalquivir no emiten un informe favorable.
Planas: "Es muy pronto"
Este mecanismo de intervención directa todavía se ve como una posibilidad lejana desde los despachos de La Moncloa, que han convertido a Doñana, confrontando con el Partido Popular, en un espacio de combate de cara a las elecciones del 28 de mayo. El ministro de Agricultura y Alimentación, el socialista Luis Planas, cree que, antes de llegar a este extremo, el gobierno del cual forma parte tiene al alcance otras herramientas para frenar la regularización de pozos en torno al parque natural de Huelva. "Es muy pronto para hablar de ello, hay mecanismos, digamos menos extraordinarios que este mecanismo legal," afirmó Planas en una entrevista en la Cadena SER.
Ahora bien, el Gobierno siente en la nuca la presión de las fuerzas de izquierda, que le exigen "más contundencia" para "salvaguardar la riqueza medioambiental del parque". El más duro ha sido el diputado de Más País, Íñigo Errejón, socio fiel de la coalición, que colló para que, si es necesario, Pedro Sánchez "intervenga y tome el control" y aplique "una intervención más rápida y más decidida para cerrar los pozos ilegales". "Tiene la capacidad de intervención sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y tiene la capacidad de intervención para salvaguardar el bienestar y el interés general de todos los españoles", aseguró Errejón el martes desde el Congreso de los Diputados.
Doñana, el 'ring' electoral del 28M
El conflicto en torno a Andalucía también ha sido munición de peso para la precampaña electoral del 28 de mayo. En medio de un intercambio de golpes que el PSOE y el PP han trasladado al Congreso de los Diputados y al Senado para buscar responsables del conflicto ecológico, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a pesar del acuerdo por la reforma del solo sí es sí, han viajado a Huelva en las últimas semanas para confrontar sus dos modelos sobre Doña. El socialista subraya la reserva natural, convencido de que el PP ha puesto la puesto la pata, y el popular se fija en la gestión del agua, con la intención dar apoyo a la estrategia de Moreno Bonilla.