La causa penal contra los cargos técnicos y políticos acusados de organizar el 1-O continúa sin solución definitiva. La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que procesó unas 30 excargos y empresarios por organizar el 1-O, ha desestimado ahora asumir la investigación de la causa de Exteriors, que investiga la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, con unos diez imputados por promover en el exterior el procés de independencia de Catalunya, entre el 2014 en el 2017. El enero pasado, la Audiencia de Barcelona dio la razón a la defensa del exsecretario de Acción Exterior, Aleix Villatoro, que solicitó que la magistrada del 1-O se pronunciara sobre la unificación de los dos procesos donde está investigado, ya que considera que son hechos "de connexitat necesaria", y rechazarlo "vulnera su derecho de defensa". Dos causas por separado le puede comportar un mayor castigo. Por su parte, el exdirector general del Diplocat, Albert Royo, también pidió esta unificacions en el juzgado de instrucción 18, reclamación de la cual se tiene que pronunciar todavía la Audiencia de Barcelona.
En la resolución, la magistrada Alejandra Gil, titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, considera que la causa del 1-O, que tiene desde el 2017, ya está finalizada su instrucción, con el procesamiento de los cargos políticos desde abril del 2019, y asumir la causa del juzgado de instrucción 18 causaría más dilaciones y "elefantiasis procesal". El año pasado, la jueza derivó todos los tomos de la causa del 1-O a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que tenía que hacer la recta final del sumario, con la inclusión de más prueba si las partes lo piden y la presentación de los escritos de acusación y defensa, y después celebrar el juicio. Todo se enredó, cuando cerrada la instrucción del juzgado 13, en febrero de 2021, la fiscalía presentó una querella por la acción exterior, que recayó en la magistrada del juzgado de instrucción 18, Carmen García, y donde Villatoro y Royo son nuevamente investigados, así como Teresa Prohías, entonces directora de los Servicios de la Presidencia.
Tribunal de Cuentas
En la resolución, la magistrada Gil afirma que contra su decisión "solo es posible un recurso de casación", es decir, en el Tribunal Supremo, hecho que la defensa no comparteix. El abogado Ramón Setó, defensor de Villatoro, ha presentado ahora un recurso de reforma a la misma magistrada, ante su negativa, y subsidiariamente de apelación a la Audiencia de Barcelona, y precisa que es "un error" derivarlo a casación.
Con respecto al procesamiento, Setó expone que la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha procesado Villatoro por participar en un "plan común para internacionalizar el derecho a decidir". La defensa niega que este plan existiera, pero añade que es la misma acción que la fiscalía le acusa en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, a quien critica de haber presentado esta querella cuando se cerró la instrucción del juzgado 13 para el 1-O. Uno de los motivos expuestos por el penalista es que el Tribunal de Cuentas, desde finales de noviembre de 2019, resolvió juzgar conjuntamente los gastos del 1-O y de la acción exterior aduciendo "coherencia procesal" y sol·licita la misma coherencia en la via penal.
El abogado también replica a la magistrada que si el 18 de junio del 2021 cuando pidió el requerimiento de inhibición lo hubiera aceptado, ya estaría todo resuelto. También expone que asegurar que asumir el caso de Villatoro puede crear elefantiasis no es del todo ajustado, ya que la misma causa del 13, con 100 tomos y 30 investigados, ya es una macrocausa desde el inicio y asumir los hechos por los que se acusa a Villatoro no implican más dilaciones, que "no han provocado las defensas". Por todo eso, Setó pide que acepte su petición, y si no que lo resuelva la Audiencia de Barcelona. Esto significa que la fecha de juicio a los otros acusados del 1-O continúa sin horizonte, cinco años después de la celebración del Referéndum.