Más actuaciones. La titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que investiga la causa de Exteriors, centrada en aclarar si se malversaron fondos públicos para promover el procés de independencia de Catalunya, ha solicitado dos comisiones rogatorias, una en Bélgica y la otra en Escocia, para interrogar, como testigos, a responsables de dos centros de investigación a quien se les encargó un estudio sobre el estatus que podría tener en la Unión Europea una región que se independiza de un estado miembro. El coste total del estudio fue de 196.920 euros, que el 2016 concedió el Diplocat de forma directa y sin concurso público. Con los interrogatorios de los responsables del estudio, solicitados por la fiscal, se quiere aclarar esta adjudicación.
En concreto, el estudio, bajo el título Fronteras, soberanía y autodeterminación nacional en la Unión Europea, fue adjudicado el 2 de mayo de 2016 a tres centros: el IBEI (Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales), que cobró 111.720 euros; el Centre on Constitutional Change de la Universitat de Edimburgo, que cobró 42.600 euros, y el Centro for Global Governance Studies de la Universitat de Lovaina (Bélgica), que también recibió 42.600 euros. La fiscalía acusa al exsecretario geenral de Diplocat, Albert Royo, de haber hecho este encargo sin haber abierto un concurso público. En la querella, la fiscalía afirma que Royo "sostuvo que era conveniente de conceder estas subvenciones de manera directa, porque mendazmente dijo que no era posible de otra forma objetivable de promover la concurrencia pública atendida la presentación conjunta del proyecto, la ubicación de las entidades, el conocimiento del entorno inmediato, la experiencia y la relación entre ellas y el objetivo de la investigación".
La magistrada Carmen Garcia Martínez ha aprobado la necesidad de los interrogatorios de los dos académicos y ha ordenado cursar las comisiones rogatorias. En el caso del responsable del centro de Lovaina se hará el interrogatorio por videoconferencia, pero en el del académico de Edimburgo será por escrito, ya que desde el Brexit, el Reino Unido hace casi imposible la colaboración judicial con países de la Unión Europea.
Investigados
En la causa de Exteriors, el exconseller d'Afers Exteriors Raül Romeva y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo son los principales investigados de la decena de encausados por malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental por haber aprobado un gasto que suma cerca de un millón de euros para la promoción de la independencia de Catalunya. La mayoría de las partidas son subvenciones directas a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), la cual se define como "la única plataforma formada por actores de la sociedad civil catalana que hacen diplomacia pública" desde el año 1995. Royo, defendido por la abogada Judit Gené, está citado a declarar el próximo 3 de junio. Royo declaró como testigo en el juicio del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes. Esta causa penal es paralela y con diferentes partidas de la que tiene abierta el Tribunal de Cuentas, que recientemente rebajó la reclamación.
Homs, el día 20
Paralelamente, el febrero pasado la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la investigación contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs por haber autorizado tres gastos, que suman unos 58.000 euros, en el 2012, y que están incluidos en la causa de Exteriors. La titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona archivó la acusación contra Homs porque no veía ninguna irregularidad. La fiscalía presentó recurso y la Audiencia le dio la razón, al asegurar que había que hacer una mínima instrucción. Finalmente, la magistrada Carmen García ha abierto una pieza separada sobre Homs al considerar que nada tiene que ver con la causa de Exteriores, y lo ha citado a declarar como investigado para el próximo 20 de mayo.
En concreto, el primer hecho, ahora bajo sospecha, es que el exconseller Homs aprobó la contratación de un viaje y alojamiento para los asistentes del encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior, en mayo del 2012 en Barcelona, que se abonaron con dos expedientes de contratos menores de 17.850 euros cada uno. Es decir, un total de 35.700 euros. Y la Fiscalía le reprocha que lo adjudicó sin hacer un concurso público. El segundo hecho que se tiene que investigar es que Homs adjudicó, en noviembre del 2012, un estudio en el despacho de abogados Manubens, con un coste de 14.520 euros, para la realización de un asesoramiento jurídico para un proyecto de dinamización internacional en materia de propiedad industrial. Y el tercer hecho es que en diciembre del 2012 adjudicó una subvención de forma directa por 7.400 euros a CatDem (Fundación Catalanista y Demócrata). En las dos últimas adjudicaciones, la fiscalía también solicita que se investigue al entonces secretario de Exteriores, Senén Florensa. Florensa también está citado a declarar como investigado.
La causa de Exteriors sigue en paralelo a la causa de los procesados por organizar el 1-O, dirigida por la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, con una treintena de excargos y empresarios procesados. La defensa d'Aleix Villatoro, esxecretari de Acción Exterior, ha presentado un nuevo recurso para que en su caso se junten estos dos procedimientos donde es acusado para no vulnerar su derecho de defensa.