La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Laura Díez, fue designada como ponente en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y Ciudadanos contra el decreto ley creado para dejar atrás las limitaciones del 25% de clases en castellano. Sin embargo, segundo publica El Mundo, la magistrada catalana tiene previsto abstenerse de este procedimiento.

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Díez habría comunicado de forma oficial en Candido Conde-Pumpido, presidente del tribunal, que, de cara al primer pleno del próximo martes, su voluntad de abstenerse. Fuentes del entorno del TC, han considerado que se trata de una abstención "obligada" y "de libro". ¿La razón? Cuando Díez formó parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya emitió un dictamen sobre el mencionado decreto ley. En los casos en que Díez se pronunció sobre el 25% apuntó que la normativa catalana no vulneraban los artículos 3 (el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a utilizarla) y 27 de la Constitución (donde se recoge el derecho a la libertad de enseñanza).

Por estos posicionamientos previos, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya remitió el pasado miércoles un escrito al TC intentando recusar a la magistrada. Sin embargo, ella misma optaría por la abstención en este caso.

Laura Díez, nueva incorporación TC

Díez es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrática de Derecho Constitucional por la misma universidad. Su larga carrera incluye su cargo como adjunto en el Síndic de Greuges entre 2004 y 2010. También fue asesora del Gobierno para la reforma del Estatuto entre el 2002 y el 2004. El año 2022 fue nombrada vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya el pasado 25 de mayo de 2022. La nueva magistrada del TC también pasó por la Moncloa antes llegado al tribunal.

Tiene una relación próxima al ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, ya que los últimos dos años ha sido la directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica de este Ministerio. Además de ser entre 2018 y 2020 la directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del mismo Ministerio. Su proximidad con Bolaños, ha sido uno de los aspectos que más se le ha criticado.

Sus vinculaciones con el Govern y la Moncloa la hacían una apuesta peligrosa por la mayoría progresista, ya que estas pueden costarle ser recusada. Cuando menos, para el momento, este escenario no parece estar sobre la mesa.