Primeras voces discrepantes y valientes en la judicatura. La magistrada de la Audiencia de Barcelona y electa de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Montserrat Comas, ha expresado su voto discrepante con el acuerdo adoptado por esta sala, este viernes, en el cual se adhiere al de la sala de gobierno del Tribunal Supremo. En este acuerdo se sostiene que la "función jurisdiccional se ajusta a la legalidad", para hacer frente al comunicado conjunto de PSOE y Junts en qué se anunciaba de revisar los casos de lawfare o judicialización de la política. En cinco puntos, la magistrada Comas -conocida por dictar la sentencia del Palau de la Música, crítica con la acusación de rebelión a los líderes del procés y exportavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD)- sostiene que los jueces no tienen que valorar acuerdos políticos, según el documento al cual ha tenido acceso ElNacional.cat.
El presidente de la sala de lo Social del TSJC, Andreu Enfedaque, se ha adherido al voto particular de Comas. Los dos magistrados son de los primeros que se expresan abiertamente contrarios a las manifestaciones de la judicatura, en guerra abierta con las declaraciones políticas sobre la existencia de supuestas irregularidades judiciales para perseguir al disidente, y en este caso al independentismo catalán.
Ninguna referencia a 'lawfare'
En el primer punto, la magistrada Comas afirma que la proposición de Ley de Amnistía presentada por el grupo Socialista, registrada en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre,"no contiene referencia de ningún tipo ni en la exposición de motivos ni en el suyo articular lo que se denomina lawfare.
El acuerdo inicial del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, finalmente resuelta, sí que hablaba de lawfare, pero ante del confuso redactado, el mismo día el PSOE aclaró que ninguna comisión del Congreso no revisaría ninguna resolución judicial. Esta aclaración, sin embargo, no ha servido para que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando por la mayoría de asociaciones judiciales a la junta de jueces de instrucción de Barcelona, hayan mostrado, por mayoría, su rechazo a la ley de amnistía, sin haber visto antes el documento. Incluso, jueces decanos han convocado manifestaciones contra la ley de amnistía, de las cuales JJxD se ha desmarcado.
Aplicación de la amnistía en Catalunya
En el segundo punto, la magistrada Comas manifiesta que "las salas de gobierno de los TSJ no tienen competencia para emitir acuerdos respecto de pactos entre formaciones políticas", ya que no lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial( LOPJ). Y añade: "Como órgano legal del gobierno del Poder Judicial, la sala de gobierno del TSJC está sujeta a mantener la neutralidad en el debate partidista, más todavía en una comunidad autónoma donde se encuentran la mayoría de órganos judiciales con que tendrán que interpretar y aplicar la ley de amnistía si llega a ser aprobada" por las Cortes Generales.
La presidenta de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, en el tercer punto, dejar claro que las "Cortes Generales son el órgano que representa la soberanía popular y ejercen la potestad legislativa del Estado". Y recuerda que "la legitimidad de la función judicial deriva de la vinculación de jueces y magistrados a la Constitución y a la ley", y que el control del legislador es "competencia exclusiva del Tribunal Constitucional".
Finalmente, los magistrados Comas y Enfedaque declaran que "el sistema legal y constitucional garantiza la independencia judicial y corresponde al Consejo General del Poder Judicial amparar los jueces y magistrados que se puedan ver atacados en su independencia". Y por todo eso, concluyen que "no es correcto el pronunciamiento hecho por la sala de gobierno del TSJC a la cual pertenecen.
En el comunicado sobre este acuerdo de la sala de gobierno del TSJC, que preside Jesús María Barrientos, se precisa que "el pleno no ha efectuado ningún pronunciamiento sobre la proposición de ley de amnistía". No obstante, los tres puntos del acuerdo son una crítica directa al acuerdo del PSOE y Junts por haber expresado que hay lawfare, es decir, resoluciones judiciales que han sido forzadas para perseguir el independentismo catalán.