La situación de interinidad que vive el Tribunal Constitucional desde el año 2018 todavía se alarga más. El PP y el PSOE han estado incapaces de ponerse de acuerdo sobre la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial sin embargo, ahora se añade otro contratiempo. El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Alfredo Montoya ha presentado este miércoles un escrito al presidente, Pedro González-Trevijano, en que renuncia seguir integrando el tribunal por motivos de salud. Escogido miembro del TC a propuesta del Senado en el 2017, el también catedrático de Derecho del Trabajo ha formalizado su renuncia después de llevar unos meses de baja por enfermedad.
Montoya se escoge por el Senado
El presidente del TC, Pedro González Trevijano, que también tendría que ser renovado, ha aceptado la decisión del magistrado Montoya, de 85 años y encuadrado en el ala conservadora del tribunal, y su cese será publicado los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informa el TC en un comunicado. También se ha informado al presidente del Senado, Ander Gil, de la salida de Alfredo Montoya, ya que el nombramiento pertenecía al turno de la Cámara Alta.
Situación provisional
El baile de sillas es notorio. La renuncia de este magistrado llega en un momento en que el tribunal de garantías tiene cuatro jueces pendientes de renovación más: tres conservadores -el presidente, Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares- y un progresista, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Su renovación compete al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, que precisamente tiene previsto reunirse el 8 de septiembre que viene para debatir el nombramiento de dos nuevos magistrados del Constitucional, que tendrán que contar con el apoyo de al menos 12 de los 21 vocales.
El pleno se celebrará cinco días antes de que se acabe el plazo que tiene el CGPJ para nombrar a estos dos magistrados, según la reforma legal que aprobó la semana pasada el Senado, impulsada por el PSOE y tramitada por vía de urgencia. Martínez Vares llegó al tribunal de garantías en el 2017 a propuesta del PP después de recibir el aval de las tres quintas partes del Senado en virtud de un pacto a que llegaron PP y PSOE.