El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos han propuesto apartarse del juicio a Meritxell Serret por el 1-O. La propuesta llega después de que el Tribunal Supremo anulara el juicio contra la mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por falta de imparcialidad de ambos magistrados, de manera que Barrientos y Ramos se anticipan para evitar que un hecho como este se vuelva a producir. Así lo apuntan los dos en su escrito de abstención, asegurando que no se puede obviar este precedente. Todo supone la suspensión del procedimiento contra Serret a la espera de la resolución del mismo TSJC.
En el caso de la mesa de Forcadell, ERC presentó una petición de recusación contra Barrientos y Ramos. El TSJC la desestimó, pero los republicanos presentaron un recurso de apelación y el Supremo consideró que ambos incurrían en causas de parcialidad. De esta manera, anuló el juicio y forzó la repetición. Ahora, los dos magistrados argumentan que puede ser causa de parcialidad su participación en la admisión de la querella de la Fiscalía contra el Govern en septiembre del 2017— del cual formaba parte Serret como consellera de Agricultura, Ramaderia y Pesca.
Después de conocer la propuesta de Barrientos y Ramos, desde de ERC han dado por hecho que ambos "se abstienen de la causa contra Serret". "Los republicanos valoran positivamente este gesto porque confirma, una vez más, la falta de imparcialidad de estos magistrados. El hecho de tenerlos en el tribunal aumenta las probabilidades de condena y la gravedad de la misma", han expresado este martes en un comunicado. Asimismo, el partido ha recordado que Barrientos y Ramos también forman parte del tribunal que tendrá que juzgar al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; y el exsecretario de Hisenda, Lluís Salvadó. De hecho, este mismo martes hemos sabido que la Fiscalía retrasa el escrito de acusación de Jové y Salvadó para unificar criterio en la malversación.
En este sentido, hay que recordar que en septiembre la Fiscalía Superior de Catalunya pidió que Serret sea condenada a un año de inhabilitación y a pagar una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. La consellera volvió del exilio en marzo del 2021 y se presentó ante el juez del Supremo Pablo Llarena, que envió su caso al TSCJ porque, finalmente, no fue procesada por malversación. Sí que lo fueron los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, solo condenados por desobediencia. La petición de la Fiscalía a Serret es inferior que la solicitada e impuesta a los tres exconsellers mencionados — un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 60.000 euros.