Incomprensión, malestar o frustración son palabras que pueden servir para sintetizar la valoración que hace el Partido Popular del desafío que le lanzó Vox hace unos días. La formación capitaneada por Santiago Abascal rompió todas las negociaciones territoriales con los de Alberto Núñez Feijóo de cara a los presupuestos autonómicos del año que viene. El motivo: el diálogo entre el PP y la Moncloa para abordar la crisis migratoria. Son conversaciones que se arrastran desde el verano y que de momento están lejos de fructificar. La última reunión entre las dos partes se alargó dos horas, pero no dio ningún fruto. De hecho, tanto el ministro que está liderando esta cuestión, Ángel Víctor Torres, como el presidente de las Canarias, Fernando Clavijo, aseguran que ante la inoperancia del diálogo con el PP, una vía para solucionarlo sería impulsar un real decreto ley que contara con el aval de Junts per Catalunya, aunque en julio los juntaires se opusieron. Sea como sea, el Gobierno estudia caminos alternativos ante la imposibilidad de llegar a la fumata blanca de la mano del PP. A pesar de eso, para Vox, el mal ya está hecho. Y tiene consecuencias directas sobre el poder territorial de los populares.
Fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo reconocían esta semana en los pasillos del Congreso que no entienden que Vox haya llegado tan lejos y lamentan su “vocación de entorpecer la gobernabilidad de los territorios”. “No creemos que la gente vote a Vox para eso”, añaden las mismas voces. De hecho, hace unos días, en una cumbre en Valladolid, el líder del PP reprochó abiertamente a Vox que actuara como una oposición que “solo quiere cambiar la oposición”. “Nosotros queremos cambiar el Gobierno, no queremos discutir con la oposición”, lanzó a la formación de Abascal. Días más tarde, como réplica a la ruptura de Vox, añadió que el PP “seguirá defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo. Ni de un lado ni de otro”. De puertas adentro, las mismas fuentes próximas al líder popular reiteran su contrariedad viendo que Vox “busca elementos de disensión” con los gobiernos del PP: “Su electorado no le pide que complique la vida a gobiernos de centroderecha para dar una segunda oportunidad a la izquierda”, remachan.
En este contexto, uno de los gobiernos que traquetea es el de las Illes Balears, presidido por Marga Prohens. De hecho, llegan algunas voces que hacen sobrevolar la idea de que la presidenta popular se estaría planteando un adelanto electoral. Sobre este escenario, la dirección del PP español da autonomía a todos los territorios y trasladan la sea “confianza y apoyo” para que afronten “cada contexto”, según verbalizan fuentes próximas a Feijóo. El origen de la crisis es el error del PP que permitió aprobar 34 enmiendas de Vox que, entre otras cosas, eliminan el catalán de la educación y la función pública. El gobierno balear quiere revertirlo porque no comparte los postulados de la extrema derecha, pero Vox no quiere que se haga marcha atrás. “Empieza un chantaje político y cambian los términos de la negociación que estaba prácticamente cerrada con base en unas enmiendas que habían sido aprobadas por error y que ni siquiera habían estado encima de la mesa”, lamentaba el viernes Marga Prohens. En este punto, el gobierno balear “no puede seguir negociando” porque “no es serio ni responsable”, añadía. Y eso le llevó a retirar los presupuestos para ganar tiempo. Un error en una votación que sacude los cimientos del ejecutivo balear y pueden llevar a un adelanto electoral. Quién sabe si con efecto cascada.
¿Y el resto de comunidades gobernadas por el PP sin mayoría absoluta?
- En el País Valencià, Carlos Mazón prepara un “presupuesto DANA” que de momento no tiene garantizada la luz verde. La consejera de Hacienda está “convencida” de que Vox (que avaló las cuentas del Ayuntamiento y la Diputación de València) verá la “necesidad imperiosa” de dejar de lado los “cálculos políticos”. Al principio de noviembre, el PSOE dijo que los apoyaría para “blindar las ayudas”, pero en los últimos días no ha afianzado su voto favorable.
- En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha aprobado el techo de gasto gracias a la abstención del PSOE y solo presentará los presupuestos si consigue un “pacto con suficientes apoyos para aprobarlos”.
- En Extremadura, María Guardiola ha apelado esta semana a Vox y ha verbalizado que “sería una pena que por cálculos electoralistas o cuestiones que no tienen nada que ver con la comunidad autónoma” los presupuestos tuvieran que quedarse en el “cajón”.
- En Murcia, Fernando López Miras también ha alargado la mano a Vox: “Confío en que la sanidad y la educación no se condicionen a cuestiones que no son competencia del gobierno de Murcia ni a cuestiones partidistas”. Asimismo, ha descartado anticipar las elecciones: “Los ciudadanos cumplieron con su obligación, ahora la obligación de los políticos es ponerse de acuerdo”.
- En Aragón, Jorge Azcón no tiene prisa y confía en que Vox no lo plante: “No hemos iniciado el trámite presupuestario porque Aragón tiene personalidad propia y aquí tomamos nuestras propias decisiones. Aquí no hay bloqueo, no hay suspensión”.
Más fácil lo tendrán Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, Alfonso Rueda en Galicia y Gonzalo Capellán en La Rioja: los cuatro gobiernan con mayoría absoluta. Y quien tampoco estará condicionada por Vox es María José Sáenz de Buruaga en Cantabria, donde tiene el apoyo del PRC.
“Si el PP quiere seguir impulsando políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos”
“No participaremos en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Sánchez y Feijóo. Si el PP quiere seguir impulsando políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos,” esgrimió Ignacio Garriga para justificar la ruptura con el PP. “A Vox no le temblará el pulso”, remachó al secretario general de la formación. Esta ruptura era la segunda bala que Vox lanzaba en la línea de flotación del poder territorial del PP, después de que en julio el partido de extrema derecha decidiera salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición por el mismo motivo. “Nadie ha votado al PP ni a Vox para que continúe la invasión ilegal de inmigrantes”, arguyó en aquel momento Santiago Abascal, que reprochó a Alberto Núñez Feijóo que “hubiera pactado con un autócrata” y “estuviera estafando a sus votantes” por las negociaciones sobre menores extranjeros no acompañados.
El precedente del enfrentamiento entre Vox y Ayuso en Madrid
Voces del entorno de Feijóo ponen sobre la mesa un ejemplo para poner de manifiesto que la estrategia que está abanderando ahora la extrema derecha ha fracasado en el pasado. Fue diciembre de 2022 cuando Vox tumbó los presupuestos de la Comunidad de Madrid. El partido ultra y el PP se habían aliado un año antes para sacar adelante las cuentas públicas después del adelanto electoral de mayo de 2021 y la desaparición de Ciudadanos del mapa, pero un año después el acuerdo no se repitió. Vox no pudo entrar en la negociación porque registró tarde sus enmiendas y acabó rechazando la ley.
A última hora, para intentar salvar la votación, el líder de Vox, Santiago Abascal, ofreció un “acuerdo político” a Isabel Díaz Ayuso y se mostró dispuesto a abrir “urgentemente” las conversaciones para llegar a un pacto que incluía, entre otras cuestiones, derogar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. La entonces líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, también alargó la mano: “Mi teléfono está disponible. En la mano está decidir si quieren ir del brazo de Vox”. Pero la presidenta madrileña se negó a intercambiar la supresión de la norma por el aval en las cuentas: “No puedo intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos, es una práctica cada vez más frecuente en la política y a mí me parece una irresponsabilidad”, esgrimió Ayuso. Y se quedó sin presupuestos.
Ahora, con este antecedente sobre la mesa, fuentes de Génova recuerdan que seis meses después de este plante, en las elecciones autonòmicas, Vox perdió uno de cada cuatro votos y Ayuso consiguió cinco escaños más que le permitieron alcanzar la mayoría absoluta y dejar de depender de la extrema derecha. Eso carga los populares de razones para restar importancia a la maniobra de los de Santiago Abascal y apelar a su responsabilidad. Si no, creen que igualmente no les pasará factura.
Sin una posición común sobre las leyes de memoria histórica del PSOE
Otro tema que ha estado encima de la mesa en los últimos días ha sido la derogación de las leyes de memoria histórica que impulsó al PSOE en su día y que ahora Vox, con la complicidad imprescindible del PP, se ha apresurado a querer derogar. Una de las comunidades pioneras en esta cuestión fue Aragón, que culminó la supresión de la norma el mes de febrero. Era una de las condiciones que había impuesto Vox para facilitar la investidura del popular Jorge Azcón seis meses antes. Y el PP accedió a ella. Posteriormente, el Gobierno lo recurrió al Tribunal Constitucional, que aceptó el recurso y suspendió cautelarmente la norma. Sin embargo, el ABC anticipaba hace unos días que la ponente elevará al pleno del TC una propuesta sobre este tema que se decanta por avalar la decisión de las Cortes de Aragón. “Se entrevé que el PSOE pretende que sus leyes ideológicas sean inderogables, que permanezcan de forma perpetua, pero la mayoría democrática se tiene que poder expresar”, reivindicaba Jorge Azcón en una entrevista al mismo medio. “Es muy grave que el PSOE quiera decidir qué leyes forman parte del bloque de constitucionalidad pasando por encima de un parlamento autonómico como el de Aragón, que puede tomar decisiones propias sin que el Gobierno pase por encima”, remachaba.
En cambio, el posicionamiento en las Islas Baleares es diferente. Después del desafío que lanzó Vox sobre los presupuestos autonómicos, el PP ha dado por rota cualquier relación e impedirá la derogación de la Ley de Memoria Democrática comprometida con la extrema derecha. ¿Cuál es el motivo? El mismo que ha provocado la paralización de los presupuestos. Los populares hacen este volantazo después de haber llegado a un acuerdo con los socialistas y los ecosoberanistas de Més per Mallorca y Més per Menorca con una contraprestación: que las izquierdas apoyen la supresión de las enmiendas que la extrema derecha consiguió introducir al decreto de simplificación administrativa gracias a un error del PP. Igual que en el caso de Aragón, la derogación de la norma formaba parte del pacto de investidura, que permitió la elección de Marga Prohens como sucesora de Francina Armengol. El pacto entre el PP y Vox contenía 110 medidas que la líder popular en las Islas hacía suyas a cambio de la abstención de la extrema derecha, que no entraría a formar parte del gobierno balear. Pero ahora les ha dado la espalda.