La ofensiva del PSC contra la renta básica universal (RBU) tiene respuesta. La Xarxa Renda Bàsica, sección de la Basic Income Earth Network, ha impulsado un manifiesto en el cual replica a los socialistas y reivindica la necesidad de poner en marcha este mecanismo. "Es un complemento de los derechos fundamentales, aquellos que se configuran como escudos para la ciudadanía hacia los estados y la depredación de las grandes corporaciones", subraya. "La renta básica universal es, en definitiva, una garantía para que la vida que valga la pena ser vivida sea un derecho asequible para todas las personas".

Esta cuestión se ha puesto sobre la mesa de debate durante las últimas semanas. En el pacto de investidura de Pere Aragonès que articularon la CUP y ERC hace dos años, se acordó poner en marcha el plan piloto de la RBU, y también se creó una oficina que ha trabajado tanto en el diseño de este plan como en su difusión nacional e internacional. En los presupuestos del 2022, se destinó una partida de 4 millones de euros para el plan piloto con 5.000 voluntarios. De cara a este 2023, las cuentas preveían aumentar la cifra económica para continuar con el experimento. Pero una de las exigencias del PSC para llegar a un acuerdo de presupuestos pasaba por "dejar en suspense la prueba piloto de la renta básica universal, que supone un ahorro de 40 millones de euros". Y en el acuerdo definitivo entre los socialistas y el Govern se optó por eliminar cualquier referencia, vista la presión de los de Salvador Illa. Ahora bien, la RBU no desapareció totalmente: sí que aparecía en la ley de medidas fiscales y finanzas, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos. En este texto, se explicaba que el plan piloto empezaría a ejecutarse en el 2023 con un marco de cobertura jurídica para blindarlo.

El debate, sin embargo, no quedó aquí: la semana pasada, el PSC decidió registrar una enmienda al documento legal para suprimir las referencias a la RBU del proyecto de presupuestos para 2023. La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, acusó a la enmienda de los socialistas de ser "un intento de marcar perfil más que voluntad de aprobarla". Y en una línea similar se han pronunciado los defensores de este manifiesto, que lo han presentado "a raíz de las presiones del PSC para eliminar este plano piloto de los presupuestos de la Generalitat y detener su implementación en Catalunya". Los firmantes defienden que hay que continuar con la iniciativa para "ampliar los derechos del conjunto de la población".

Actores, académicos y periodistas entre los firmantes

En total, el texto ha conseguido reunir más de 600 firmas de apoyo, después de partir de un centenar inicial. Entre los nombres, hay algunas figuras conocidas, como los actores Ariadna Gil y Lluís Homar; directores de teatro como Tomàs Aragay y Magda Puyo; académicos como Mònica Clua y Daniel Raventós; directores artísticos como Ingrid Guardiola y Pere Camps; artistas como Clara Peya y Paula Grande; y periodistas como Anna Pacheco. Los protagonistas defienden que la RBU "es una medida imprescindible para poder construir un país que reconozca el derecho a la existencia y que se base en la libertad", que solo se puede ejercer si se dispone de las condiciones materiales que la hacen posible.