El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha presentado este martes una denuncia delante de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la consellera de Justicia, Ester Capella, por un presunto delito de prevaricación y fraude de ley en entender que aplica "de manera malintencionada" el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para conceder un régimen de semilibertad a los presos políticos.
"En los momentos actuales se está preparando la salida de los presos en el régimen de semilibertad aplicando de manera malintencionada el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario", apunta en el escrito que ha tenido acceso Europa Press, para después incidir que el objetivo de Capella es "darle un encaje a la carta" a los líderes independentistas.
Hasta este martes, de los nueve condenados, cinco ya se benefician de la aplicación del 100.2, en concreto se trata de Dolors Bassa, Carme Fordadell, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. La misma Capella señaló la semana pasada que era "previsible" que las prisiones catalanas aplicaran este artículo a los nueve condenados por el procés soberanista por el Tribunal Supremo, permitiendo que salgan durante unas horas al día.
Según el 100.2, si bien cada grado comporta determinadas medidas de control y seguridad de los presos, estas características pueden combinarse con el fin de hacer el sistema más flexible. Pero Bernad insiste en que se da un trato de privilegio desde Instituciones Penitenciarias de Catalunya a los condenados del procés en los centros de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses.
En este sentido, apunta que con independencia de qué la aplicación del 100.2 pueda ser recorrido por la Fiscalía y revisado por un juez, eso no exime a los responsables políticos, y, en concreto a la consellera, de aplicar el reglamento de manera que no se haga de forma "espuria malintencionada y prevaricadora".
Y recuerda que los presos del procés "no han demostrado ningún arrepentimiento", ya que han manifestado "reiteradamente que lo volverían a hacer". Asimismo, en el escrito Bernad señala que ni los ciudadanos en libertad ni los reclusos de diferentes centros penitenciarios dan crédito a lo que pasa con estos presos porque demuestra que, en este caso, "la ley no es igual para todo el mundo".
"En este caso el trato de privilegio hacia los presos del procés se aplica por su condición de ser independentistas y ser o haber estado miembros relevantes de la Generalitat", añade, para después incidir que los presos independentistas "tienen el padrino" del Govern "con la complicidad del gobierno de España".
En el hilo, recuerda que ello mismo fue cogido durante diez meses a la prisión de Navalcarnero y que ha vivido en persona las diferentes aplicación de los beneficios penitenciarios. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó prisión incondicional en el 2016 para Bernad, a quien le atribuyó la comisión de presuntos delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal.