El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón lleva a juicio al comisario de Policía Nacional jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas de la extinta revista Interviú por el llamado caso Dina, en el que se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias y de Podemos, desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que la información que contenía apareció publicada en algunos medios. García-Castellón (que recientemente está en el centro de la actualidad por su permanente persecución a Carles Puigdemont y su cruzada contra la amnistía) ha acordado la apertura de juicio oral por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros. En la que es la pieza 10 del llamado caso Tándem, la Fiscalía pide una condena de cinco años de prisión para Villarejo y de tres años para los periodistas Luis Rendueles y Alberto Pozas, además de una indemnización de 5.000 euros para la exasesora y de 1.000 euros para el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
El auto recoge el relato de los hechos que hace el Ministerio Fiscal. Detalla que, en enero de 2016, los dos periodistas recibieron, de una persona anónima, la tarjeta del móvil de Bouselham que le habían sustraído unos meses antes y que contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de vídeo y audio y otros documentos de carácter íntimo y personal. Posteriormente, se la entregaron a Villarejo, que, según el escrito de Anticorrupción, actuó con “abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial, el manejo de fuentes y la captación de información de interés policial en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa” y entregó los archivos descargados a otros periodistas de su círculo de confianza para que estos elaboraran y publicaran “informaciones en descrédito” de Podemos y Pablo Iglesias.
García-Castellón denunció una campaña de desprestigio en 2020
En el marco de la instrucción del caso Dina, Manuel García-Castellón denunció en octubre de 2020 al Consejo General del Poder Judicial la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que había estado sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación desde que se había hecho pública la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación: el magistrado de la Audiencia Nacional aseguraba que estaba en una “situación de indefensión y de descrédito profesional”. En enero del 2022, García-Castellón cerró la instrucción sin imputar a Pablo Iglesias y después de que la policía le comunicara que era imposible acceder al contenido de la tarjeta del móvil ni recuperar su información.