Destila un estilo fino y preciso, carga de destreza y de ironía una pluma fácil y ligera y no se ahorra adjetivos a la hora de describir todo aquello que piensa con pinceladas casi literarias que a menudo rayan la sorna y el sarcasmo. Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) se ha descubierto en los últimos años como el autor de las resoluciones judiciales que más han impactado y cambiado la vida política catalana y española. Desde el 2019, ha redactado con precisión quirúrgica textos que tienen un fuertísimo componente jurídico pero, a la vez, ha escrito de su puño y letra sentencias célebres con un trasfondo que se interpreta en clave política. A veces no ha habido que ser un analista brillante para ver las intenciones y, en otras ocasiones, ha hecho falta leer el subtexto, es decir, detenerse por releer el sentido y el destino de sus palabras. En definitiva, Marchena ha sobresalido como un comentarista ágil y contundente de las iniciativas más relevantes del gobierno de Pedro Sánchez, y eso cuece en la Moncloa.
El último ejemplo todavía descansa caliente en muchos buzones de correo. Este lunes, al punto de las 12 del mediodía, Manuel Marchena como ponente y sus compañeros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) lanzaron un misil teledirigido contra la reforma del Código Penal (CP) pactada entre el gobierno de coalición y Esquerra Republicana, cerraron las puertas de golpe a la pretendida rebaja de penas por inhabilitación contra los principales líderes independentistas condenados y, en un auto de 43 páginas, dejaron por escrito algunas frases que bien se podrían publicar en una columna de opinión. Más allá de las calificaciones estrictamente penales, sus autos son narrativa lírica que ha puesto en alerta a algunos juristas. En el redactado, Marchena se atreve a comentar la reforma del CP hasta el punto que asegura que "todo intento de reducir el ámbito de la tipicidad que ofrecía el delito de sedición a un problema de orden público, identificable con movilizaciones o disturbios desenfoca el problema". Es decir que está mal hecha. El poder judicial utilizando los mecanismos que tiene al alcance para desbordar el brazo legislativo.
Además, aunque tenía el objetivo de revisar las condenas en función del nuevo marco penal, el Supremo fabula alegremente sobre supuestos que por ahora solo viven en la imaginación. Por ejemplo, calcula que a partir de ahora los procesos de independencia pacíficos están despenalizados. Que hay zonas oscuras donde el CP no puede poner la mano. "La fractura del marco jurídico que hace posible la convivencia, el desbordamiento de los límites competenciales propios de la estructura del Estado y la desobediencia tenaz a los requerimientos judiciales solo serán constitutivos de delito si van acompañados de actos de violencia o intimidación". Los tribunales se atreven a predecir escenarios de futuro. En todo este tiempo, este magistrado que estuvo a punto de convertirse en el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS ha hecho oposición feroz criticando las acciones del gobierno PSOE – Unides Podem y se ha quedado a gusto y replicando vehementemente algunas banderas que ha utilizado el independentismo, como el derecho al autodeterminació. En la misma resolución, este magistrado de origen canario resume que, "en la ilusionada creencia que ejercerán el imaginario derecho a decidir", los condenados "infringieron las bases constitucionales que definen la convivencia".
Malestar entre juristas y en la Moncloa
Marchena comenta y etiqueta y eso irrita en la Moncloa y chirría para algunos juristas consultados por ElNaciona. Ponen el foco en el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que califica de "falta grave" el hecho de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censura por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición." Creen que el Supremo se extralimita de sus funciones dirigiéndose al Gobierno cuando este no forma parte de la causa judicial. Otros juristas, en cambio, especifican que, aunque "no está bien visto", las frases más polémicas de Marchena quedan protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Incluso en La Moncloa también cuecen los comentarios de Marchena. Como el Gobierno tiene por costumbre no pronunciarse sobre las resoluciones judiciales y se limita siempre a respetarlas, el ejecutivo hubiera preferido que Marchena solo aplicara las leyes que han legislado las Cortes españolas, sin entrar a valorar si estas están bien o mal hechas. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez supo girarle la tortilla a las palabras de Marchena y, siguiendo la línea que ya había marcado el día anterior al PSOE, hizo una reinterpretación para abrazar la sentencia. La portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, señalaba este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el pronunciamiento del Tribunal Supremo "da respuesta" a una de sus voluntades: que hechos como los del 1-O se sigan persiguiendo. Esquivó, sin embargo, las preguntas de los periodistas dirigidas explícitamente a la referencia del juez sobre los desórdenes públicos agravados.
Los dardos envenenados de Marchena también los leímos en la sentencia que dictó contra los líderes independentistas del procés que emitió en octubre del 2019: a los abogados de los condenados les reprochó "la estrategia de demonización" contra la institución para pedir la recusación de nueve magistrados del Supremo; a los votantes del 1-O los censuró para "confiar ingenuamente en el liderazgo de sus representantes políticos" para conseguir un nuevo Estado que "solo existía en el imaginario de sus promotores"; a Jordi Cuixart lo criticó para citar Gandhi o Martin Luther King durante el juicio alegando que los jueces no entendían "la insinuada similitud" entre la lucha por la independencia de India o por los derechos civiles en los Estados Unidos con "el marco político, social y económico de Catalunya". De hecho, en la resolución en la cual el Supremo se opuso a la concesión de los indultos por parte del gobierno central en junio de 2021, Marchena lamentó "la actitud antidemocrática" del expresidente de Òmnium Cultural después de que afirmara el célebre "lo volveremos a hacer".
Enemistad con el progresista Conde – Pumpido
El poniente de la sentencia por sedición a los líderes del procés es fiscal en excedencia y preside la Sala de lo Penal del Supremo desde el 2014. Allí es donde se forjó la enemistad con el actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), el progresista Cándido Conde – Pumpido, que en 1995 accedió como magistrado a la misma Sala. Los dos aspiraron a presidirla aunque la mayoría conservadora se decantó por Marchena. El destino los ha unido otra vez porque está previsto que los condenados por el Supremo reclamen el amparo del TC, que ahora está dominado por una mayoría progresista. Eso sí, antes tendrán que interponer ante el alto tribunal un incidente de nulidad de sentencia. De hecho, las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Jordi Sànchez ya han anunciado que lo harán y su intención es que la revisión de la sentencia acabe en los tribunales europeos.