A finales de noviembre, el alcalde de Calella, Marc Buch Rigola (1986), elevaba el tono contra el incremento de los hechos delictivos en el municipio, que principalmente estarían cometidos por un grupo de 11 personas que reinciden "habitualmente" y que acumulan 260 detenciones desde mayo. A principios de diciembre, después del incendio de una vivienda, Buch exigía más dotación de los Mossos d'Esquadra y reformas legislativas urgentes para poder expulsar a los autores de estos delitos. Más adelante, recibió el apoyo de todos los alcaldes de Junts de la comarca del Maresme, entre críticas de partidos como Esquerra Republicana o la CUP, que afirman que pronunciar estos discursos "contribuyen al odio y la deshumanización" de los migrantes. También señalan que eso supone "comprarle el discurso a la extrema derecha".
Esta misma semana, Junts ha acordado con el PSOE la delegación de competencias en materia de inmigración por la vía del artículo 150.2 a través de una ley orgánica, y el partido ha señalado como una de las prioridades la capacidad de decisión sobre los multirreincidentes o la gestión de los flujos migratorios. Paralelamente, el consejo nacional de los juntaires se reúne este sábado en El Morell (Tarragonès), donde debatirá una propuesta de la sectorial de migraciones, arraigo y ciudadanía para hacer una convención nacional durante el segundo semestre del año que sirva para que la formación trace un posicionamiento claro sobre la migración. En este contexto, Marc Buch, máxima autoridad de Calella desde mayo de 2022, atiende a ElNacional.cat para abordar todas estas cuestiones.
El mes de diciembre, usted pidió medidas contra un grupo de 11 delincuentes reincidentes en Calella que han sido detenidos 260 veces desde mayo. ¿Qué han reclamado para combatirlo?
El mes de mayo empezamos a detectar un incremento de hechos delictivos, especialmente de hechos violentos —peleas entre grupos de personas—. Estos hechos delictivos eran provocados, mayoritariamente, por este grupo de 11 personas que acumulaban 260 detenciones —han hecho agresiones con arma blanca, cosa nada habitual en Calella—. Ahora acumulan unas cuantas más, porque son personas que la delincuencia es su oficio y han seguido haciéndolo. Ahora hay seis que están en prisión provisional, por lo tanto, es una buena noticia que estas personas no estén en nuestras calles delinquiendo. Eso nos llevó a pedir una reunión con el Departament d'Interior para solicitar un incremento de agentes de Mossos d'Esquadra. El mes de agosto hacemos la solicitud. Inicialmente, se nos dice que no. El mes de noviembre, el conseller d'Interior tenía que venir, y finalmente no lo hizo, cosa que provocó malestar porque en esta reunión no había ninguna persona política con capacidad de decisión, sino que había mandos de los Mossos.
El mes de diciembre se reunió con el director general de los Mossos, Pere Ferrer.
Lo que queríamos era encontrar soluciones y, efectivamente, pudimos hablar con el director general de los Mossos d'Esquadra. Le arrancamos el compromiso —que se está cumpliendo tal como dijeron— de disponer de un dispositivo especial desde el 22 de diciembre, que cuenta con un incremento de efectivos, horas extras de los agentes de la región y refuerza la presencia de unidades de ARRO y brigada móvil. Este dispositivo especial empieza a dar resultados. La presencia policial se nota, se han reducido los delitos y hay seis personas en prisión provisional. Nosotros sabíamos que teníamos razón, y por eso hicimos este llamamiento.
¿Qué es lo que le trasladan los vecinos del municipio sobre esta situación?
Lo que nos trasladaban era preocupación, pero sobre todo lo que sentían era impotencia. Ellos veían que llamaban a la policía por estos delitos —tenemos 48 agentes, una plantilla más que dimensionada para una población de 20.000 habitantes—, que la policía actuaba muy rápidamente y los detenía —no me canso de felicitar a los agentes de la policía local y los Mossos—, pero al cabo de 24-48 horas iban a los juzgados y volvían a Calella. Tal como volvían, reincidían en la delincuencia. Eso, para la población, provoca una sensación de impotencia, de preguntarse cómo puede ser que estas personas que solo se dedican a cometer delitos no tengan ninguna consecuencia. Eso genera una sensación extraña que a la vez también se extendía al gobierno de Calella: ver a nuestra policía trabajando incansablemente deteniendo a estas personas, que volvían a salir y cada día seguían cometiendo delitos. Tenemos un problema como país, es grave y lo tenemos que solucionar. Es un debate que tenemos que afrontar, el de la multirreincidencia, y lo que pedimos nosotros entendemos que es de sentido común: si las leyes y los mecanismos actuales que tenemos para combatir la multirreincidencia no funcionan, tenemos que hacer nuevas para evitar que aquellas personas que únicamente se dedican a delinquir no puedan hacerlo y asuman las consecuencias de sus actos delictivos.
Si las leyes y mecanismos actuales para combatir la multirreincidencia no funcionan, tenemos que hacer nuevas
¿Una de las consecuencias es expulsarlos del municipio?
Eso puede ser cerrarlos en la prisión. En los casos en que su situación sea irregular y sean personas que no han venido a nuestra casa a trabajar honestamente —cómo hace la mayoría— ni adaptarse, sino solo a delinquir, evidentemente si es necesario, sí, expulsarlos.
La ampliación de los agentes de Mossos en el Alt Maresme se prevé para el verano. ¿Es suficiente?
La conselleria hizo una nota de prensa antes de la reunión que teníamos con el director general anunciando que se incorporarían nuevos agentes en el Alt Maresme. Nosotros hacemos un matiz importante y pedimos una aclaración, porque nos pueden aportar más agentes —bienvenidos sean—, pero pedimos todos los datos. ¿Cuántos agentes nuevos se incorporarán? Esta cifra no la sabemos. Tampoco sabemos cuántos agentes se jubilarán este año 2024 o cuántos no pueden patrullar por las noches por edad. Por lo tanto, cuando tengamos todas estas cifras, será el momento de hacer un balance y de valorar si realmente dispondremos de más efectivos de los Mossos d'Esquadra —como se está demostrando que hace falta—, nos quedaremos igual o incluso por debajo. Hasta que no tengamos todos estos datos, queremos ser muy cautos y no queremos generar una esperanza de una cosa que todavía no sabemos.
También acordaron en el encuentro con el director general de los Mossos una reunión con la Fiscalía para hablar de estos casos. ¿Ya se ha producido?
No, esta reunión no se ha producido todavía, aunque la Fiscalía sí que se ha puesto en contacto con nosotros. Nos han pedido que les dejemos unos días para que puedan hacer un trabajo previo. Nos han dicho que muy pronto haremos la reunión. De hecho, esta semana hemos vuelto a hablar y la reunión se celebrará pronto.
¿Ha habido bastante cooperación del Departament d'Interior?
Inicialmente, no.
¿Por qué?
Porque no conseguimos hablar con ningún responsable político que nos hiciera caso. Nos costó mucho. Al principio, cuando denunciamos el problema, nos dijeron que no teníamos razón y que las cifras de delitos eran inferiores. Finalmente, nos acabaron reconociendo que el índice delictivo de Calella era superior. En el momento que asumieron eso, fue cuando Interior empezó a escucharnos y poner soluciones encima de la mesa. Lo más importante es saber hasta cuándo durará este dispositivo especial que tenemos y que está funcionando, y cuáles son las soluciones que ponen encima de la mesa a corto y medio plazo. De hecho, el 31 de enero tenemos la junta ordinaria de seguridad y será el mismo conseller Joan Ignasi Elena quien la presidirá. Se puso en contacto con nosotros y nos dijo que tenía disponibilidad para venir a Calella a celebrar una junta de seguridad. El día 31, estoy convencido de que saldremos con compromisos firmes para encontrar soluciones de más presencia policial. Ahora, no solo es importante la presencia policial: podemos poner a mucha policía en la calle, pero si las leyes no son adecuadas para combatir la delincuencia que tenemos el año 2024, no solucionaremos el problema. La mejor solución es más agentes de policía, pero sobre todo cambiar las leyes.
Al principio, Interior nos decía que no teníamos razón y que las cifras de delitos eran inferiores. Más adelante, reconocieron que el índice delictivo era superior y empezaron a poner soluciones
En todo caso, el debate se ha centrado mucho en la inmigración, pero también puede haber personas autóctonas que sean multirreincidentes. ¿Defienden que estas medidas se apliquen por igual a todo el mundo, sean del origen que sea?
En todo momento hemos hablado de multirreincidencia. En ningún caso hemos centrado el debate en otros temas. Somos conscientes de que, cuando sales del discurso buenista —que ciertos sectores políticos establecen y no les gustan las voces que les llevan la contraria—, enseguida se intenta desviar el debate y la atención del problema principal. Hay un problema de seguridad causado por un grupo de personas que hacen de la delincuencia su sistema de vida, y lo que pedimos es que estas personas que solo se dedican a delinquir no puedan estar en las calles de nuestra casa llevando a cabo actividades delictivas y alterando la convivencia de nuestra casa. Los ciudadanos de Calella y de toda Catalunya tenemos que poder vivir tranquilamente.
Esta semana, Junts ha acordado con el PSOE la delegación de competencias en inmigración. Ahora hay que pactar la letra pequeña, pero el partido ha reclamado poder decidir sobre la expulsión de los multirreincidentes. ¿Cómo lo valora?
Es un acuerdo muy positivo. De entrada, todo lo que sea conseguir más autogobierno para nuestro país siempre es muy bienvenido, y además en un tema muy importante. Las políticas sobre inmigración se tienen que afrontar. No se pueden afrontar desde el buenismo y tenemos que hablar. Si no hablamos nosotros, habrá otros partidos extremistas —la mayoría de casos— que serán quienes llevarán el debate en este tema.
¿Les preocupa, pues, que pueda haber partidos extremistas —como pueda ser el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols— que puedan captar a votantes de su partido?
A mí, como alcalde, me preocupan los problemas que tenemos a pie de calle y cuando detectamos que hay un problema de seguridad. Ahora, las problemáticas nunca se pueden afrontar desde los extremos. Los extremos nunca son buenos. Lo que se tiene que hacer es un debate centrado, sereno y, sobre todo, buscar soluciones que sean efectivas y no hacer proclamas que después sepamos que no se pueden cumplir. Tenemos que desarrollar políticas que realmente sean efectivas y que la ciudadanía pueda palpar y ver que la política está funcionando. En definitiva, que se solucionan problemas, se genera esperanza y oportunidades.
Cuando sales del discurso buenista que ciertos sectores establecen, estos intentan desviar el debate y la atención del problema de la inseguridad
Desde ERC y la CUP les acusan de tener un discurso irresponsable, de hacer el juego a la extrema derecha señalando a un colectivo y deshumanizarlo. También el PSC sostiene que ustedes tienen un discurso "sesgado". ¿Qué responde?
Primero, lo que diría es que no es responsable querer negar un problema real de la sociedad y no afrontarlo. Es un problema que estamos viviendo en Calella, pero también en la comarca y en varios puntos del país. Como decía antes, hay ciertos políticos que, cuando se sale de lo que ellos entienden que tiene que ser el discurso y el marco mental, te atacan y acaban recurriendo a los mismos recursos: tildarte de extremista. Yo, como alcalde y el resto de alcaldes del país —sean del partido que sean—, estamos en la calle y sabemos cuáles son las problemáticas. Sabemos que, cuando tenemos un delincuente reincidente, tenemos un problema y lo que tenemos que hacer es actuar, denunciarlo y pedir soluciones. A partir de aquí, cada uno puede afrontar las soluciones desde la estrategia que crea que será más efectiva, pero lo que tenemos claro es que los políticos tenemos la responsabilidad y la obligación de afrontar un problema —el de la seguridad— y que tenemos que hablar sin miedo.
Este mismo sábado, el consejo nacional de Junts debatirá una propuesta para impulsar una convención nacional sobre el hecho migratorio y poder definir la hoja de ruta del partido en este tema. ¿Conviene este debate a la formación?
Sí, es un debate totalmente necesario. No solo en Junts, sino que lo es en todo el ámbito político. La inmigración es un fenómeno que tenemos en nuestra casa y que hay que abordarlo en muchos sentidos, sobre todo por el futuro del país y la sociedad. Hacer políticas, en definitiva, para que las personas que vengan a nuestra casa puedan venir a trabajar e integrarse, y que sepan que vienen a una sociedad con derechos, pero también con deberes.