Las celebraciones por la Diada de la Catalunya Norte han culminado este sábado en Perpinyà, capital del Roselló, con una marcha de antorchas que se ha hecho desde el Castellet hasta la Casa Musical, donde los asistentes han podido disfrutar de música en directo. El objetivo de la acción ha sido denunciar los 363 años de la partición de Catalunya por parte de las monarquías española y francesa en virtud del tratado de los Pirineus (1659). Después de una manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad desde la plaza Catalunya, el millar de asistentes ha acabado en la plaza de la Victoria, en los pies del Castellet, donde se han encendido las antorchas después de cantar Els Segadors.
Marcha de antorchas en Perpinyà
Los actos en rechazo de la partición de Catalunya organizados por el Col·lectiu 7 de Novembre se repiten cada año desde 1984. Este año, los roselloneses han puesto el foco a la represión lingüística por parte del Estado francés y también el cierre del coll de Banyuls por parte de las autoridades galas. La miembro del Colectivo, Dolors Serra, ha explicado a la ACN que les sirve para "denunciar lo que comporta la política del estado francés al territorio" que, según asegura, "es maltratado no solamente con respecto a la lengua, sino también por los aspectos culturales y económicos". Unas declaraciones con las cuales coincide el miembro del Casal del Conflent, Jordi Taurinyà, en que ha dicho que la lengua "está todavía maltratada por el estado francés" aunque asegura que hay voluntad de algunos políticos de hacer subir el catalán. Taurinyà ha detallado que "en las escuelas Raíces, Mece y las bilingües, bastante gente que quiere que los niños hagan catalán" y ha asegurado que el problema es que el Estado no pone a los profesores necesarios para hacerlo. "Nuestra lucha permanente es que queremos más catalán en el espacio público y demostrar la fuerza que tenemos para luchar contra los estados que nos quieren parar".
El catalán en la Catalunya Nord
Uno de los temas que se han denunciado a la manifestación es la decisión del prefecto de los Pirineus Orientals de prohibir a los representantes municipales de Elna y Banys d'Arles expresarse en catalán a los plenos. De hecho, el prefecto ha llevado ante la justicia el Ayuntamiento de Elna por esta causa, después de que en abril cambiara el reglamento para permitir hacer las intervenciones en catalán, a pesar de incluir que necesariamente se tradujeran al francés. "Ya había ayuntamientos donde se hacían intervenciones en catalán, pero el de Elna ha tenido el valor de convertir eso en un acto de confrontación en el Estado", ha explicado Serra, que ha añadido que si el estado francés no lo acepta "será un escándalo democrático" y si lo deja hacer, servirá de precedente para otros consistorios "que se han retirado de la iniciativa porque han tenido miedo de la acción del estado".