Manuel Marchena pone voz públicamente a su cruzada contra la ley de amnistía y a su desaprobación a las críticas que reciben los jueces. El magistrado del Tribunal Supremo, que dejó la presidencia de la Sala Penal hace tres meses, lo verbalizó en el discurso que pronunció después de ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU Fernando III. A pesar de que inicialmente recetó una “contenida y aconsejable prudencia”, se inclinó por pronunciarse abiertamente sobre la actualidad de la justicia española. Así pues, expresó su “fundada preocupación” al ver que la producción normativa “se está apartando de la fuente de legitimidad que debería definir las tareas legislativas” con leyes que “no responden a las notas de generalidad y abstracción”. “Cuando el legislador aprueba leyes con nombre y apellidos, se resiente otra de las notas que definen a una sociedad respetuosa con los valores democráticos”, lamentó en clara alusión a la amnistía. A finales del pasado mes de septiembre, la Sala Penal del Supremo, bajo su batuta, negó nuevamente la norma del olvido penal a los condenados en el juicio del procés desoyendo claramente el mandato de la ley y la voluntad expresada por el legislador.
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Asimismo, Manuel Marchena aprovechó su intervención, que se alargó diez minutos, para criticar que se haya instalado una “profunda división que socava la convivencia democrática” y que “afecta al poder judicial”. “Una parte de la sociedad no ve en la actual administración de justicia la parcela del estado en la que unos jueces se encargan profesionalmente de tutelar sus intereses”, advirtió. Y apuntó que esta percepción “entraña el peligro” de conducir a un escenario en el que “quienes no se sienten identificados con los jueces recurran a vías de hecho que les permitan eludir los mandatos constitucionales e incumplir los requerimientos judiciales”. Con todo, a pesar de la persecución contra el independentismo por parte de la justicia española (la semana pasada, por ejemplo, la Audiencia Nacional puso punto final a la investigación de la supuesta trama rusa del procés), quiso reivindicar que los jueces están llamados a pronunciarse con “plena sujeción al principio de legalidad” en un sistema en que “la independencia, la imparcialidad y el deber de motivación” de sus decisiones son las “garantías de cualquier ciudadano frente a la tentación de arbitrariedad”.
“Es una infamia atribuir motivaciones políticas a una sentencia”
Manuel Marchena también dedicó parte de su discurso a defender a los jueces de las críticas que reciben por parte de los partidos independentistas (a raíz de sus decisiones durante el procés y frente a la negativa a obedecer la ley de amnistía) y del PSOE (a causa de la tormenta judicial que rodea a Pedro Sánchez). “La reacción frente a decisiones judiciales que afectan a los intereses directos o indirectos del poder político no puede valerse del insulto ni de la descalificación del juez”, esgrimió. “Atribuir motivaciones políticas a una sentencia representa una infamia incompatible con la sensatez que debería ser exigible a cualquier gobernante”, añadió. Además, aunque argumentó que la crítica a las resoluciones judiciales es “legítima” y “saludable para la convivencia democrática”, arguyó que cuando la crítica “envuelve un mensaje destructivo de los pilares sobre los que se asienta la función judicial, se están poniendo en riesgo las bases del Estado de derecho”.
“Una administración de justicia permanentemente expuesta a la estratégica interesada descalificación por el poder político puede apartarnos del modelo de convivencia que define a una sociedad democrática. […] La sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces”, arguyó. Asimismo, pidió que el “lenguaje de confrontación que es propio de la batalla política se detenga en las puertas de los juzgados y tribunales” para que los jueces no sigan siendo vistos como “amigos o enemigos de cada una de las opciones políticas que con toda legitimidad democrática se alternan en el ejercicio del poder”. “Es más que evidente que podemos equivocarnos. Administrar justicia es una tarea humana y, como toda dedicación humana, está expuesta al error”, reconoció. “De ahí que la discrepancia frente a lo decidido por los jueces forme parte de la más absoluta normalidad. [...] Los recursos están al alcance de todo aquel que se sienta perjudicado por una resolución que estime vulneradora de sus derechos”, recordó.
“Dividir a los jueces en función de frívolas etiquetas es un error que está laminando su legitimidad”
Finalmente, desaprobó las etiquetas de conservadores y progresistas que se atribuyen comúnmente a los jueces. “Dividir a los jueces en función de frívolas etiquetas que en la mayoría de las ocasiones no se corresponden con el análisis de su trayectoria jurídica representa un error que está laminando de una forma paulatina, pero ya irreversible, la legitimidad de unos profesionales que, hagan lo que hagan, estarán siempre interesadamente expuestos a la sospecha de parcialidad”, lamentó. Y, para acreditarlo, afirmó que los datos sobre las resoluciones del Supremo ponen de manifiesto que sus decisiones “no están marcadas por el color político del querellante o del querellado”, dado que “los mismos magistrados que han condenado a representantes de una determinada opción política firman también la sentencia condenatoria que afecta a otros líderes integrados en el partido rival”.
Su discurso acabó con una apelación genérica a su audiencia: “Que todos, en el ámbito funcional en el que desarrolla su trabajo día a día, nos esforcemos por reencontrarnos con los valores constitucionales que han hecho posible una sociedad respetuosa con la tolerancia, con la coexistencia de visiones antagónicas que, si no se instalan en el sedentarismo que aspira a eliminar al disidente, pueden servir incluso para enriquecer nuestra convivencia”.