El presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha aceptado abstenerse de la revisión de las condenas a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, y la consellera de Educación, Anna Simó, por las causas del 1-O, y esto implica que no participará en la aplicación de la ley de amnistía para las dos, según ha informado Esquerra Republicana, este jueves. Los abogados de Simó y Serret recusaron a Marchena y cuatro jueces más, los cuales han aceptado también no formar parte del tribunal que ha de revisar los recursos de casación presentados por las dos políticas al alto tribunal español contra sus condenas. Son los magistrados Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Leopoldo Puente Segura.
Las republicanas acusaron a los magistrados "de falta de imparcialidad" a causa de sus "intervenciones jurisdiccionales previas", relacionadas con el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. La mayoría formó parte del Tribunal Supremo que juzgó a los líderes independentistas catalanes, y que los condenó a elevadas penas de prisión por los delitos de sedición y malversación de fondos. La magistrada Lamela inició la investigación del 1-O en la Audiencia Nacional, que después asumió el Supremo.
"Para evitar temores de parcialidad"
En la comunicación, de una página, el magistrado Manuel Marchena informa: "A pesar de que no concurre causa específica de abstención de las recogidas por la ley, únicamente a fin de evitar cualquier temor de las partes sobre la parcialidad de este tribunal a consecuencia de mi intervención en la tramitación y resolución de esta causa, es por el que entiendo que tengo que abstenerme de su conocimiento." El resto de magistrados también comunica su abstención en un escrito corto y aséptico. Ahora, se tendrá que formar un nuevo tribunal para que revise los recursos y la posterior petición de amnistía de Simó y Serret.
La causa de la titular de exteriores es su condena por desobediencia, como miembro del ejecutivo del 2017, cuando era consellera de Agricultura, Ganadería y Pesca. El TSJC condenó a Serret en un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa el abril del 2023, sentencia que estaba pendiente de revisar el Supremo.
En el caso de Simó, es por la causa contra la Mesa del Parlament del 2017, los cuatro miembros de la cual fueron condenados a 4 meses de inhabilitación a cargo público por el TSJC, en el segundo juicio a la Mesa que el Supremo ordenó repetir al aceptar el recurso de Simó de falta de imparcialidad del magistrado y presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos y de Carlos Ramos en la instrucción de la causa. Por el contrario, la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, fue castigada 11 años y 6 meses de prisión por el Supremo, y estuvo unos tres años cerrada hasta obtener el indulto.
Amnistías bloqueadas en el Supremo
Por ahora, el Tribunal Supremo no ha aplicado la norma del olvido penal ni a políticos ni a activistas condenados. La sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena, resolvió que no amnistiaba a los cargos del Govern que condenó por malversación de fondo el 1-O porque sostiene que se enriquecieron personalmente con estos gastos, a pesar de que era para organizar el Referéndum. Los abogados de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, presentaron recursos contra esta resolución, puesto que implica que se les mantenga la inhabilitación a cargo público hasta el 2030 y el 2031. El tribunal no ha contestado nada desde que el 1 de julio les denegó la extinción de su responsabilidad penal.
Por otro lado, el Supremo ha enviado una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la ley en el caso de un activista condenado por desórdenes. Actualmente, hay un centenar de personas amnistiadas, la mitad son policías por parte de tribunales catalanes. La ley fija que en un plazo de 2 meses, jueces y tribunales tienen que dar respuesta a la petición de la amnistía, y el alto tribunal español con su negativa inicial y silencio actual, ya debe considerar que ha cumplido la ley.