La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, da 8 días a los líderes independentistas condenados por el 1-O para que se pronuncien a raíz de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que previsiblemente les rebajará las penas. La Sala Segunda ha actuado de oficio, y ha solicitado a todas las partes-- defensas, Fiscalía, Abogado del Estado y la acusación popular de Vox-- que hagan sus alegaciones sobre cómo tienen que quedar las condenas, después de que este jueves haya quedado extinguido el delito de sedición, mientras que la malversación y los desórdenes públicos agravados han sido modificados. Así, a partir de este viernes, las partes tienen ocho días hábiles para remitir sus escritos al Supremo. El Alto Tribunal tendrá que determinar en las próximas semanas si rebaja, y en qué porcentaje, las penas de inhabilitación. De momento, los condenados que forman parte de Junts (Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn), además de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ya han avanzado que no piensan contestar a la petición de Marchena, y por eso se espera que las revisiones se hagan de oficio.
El Supremo da 8 días en las partes para pronunciarse
El indulto del Gobierno a los condenados por el juicio al procés no tocó las penas de inhabilitación. Una vez ha entrado en vigor la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora hay que esperar que la Sala decida el grado de las reducciones en el caso de los condenados por sedición en concurso medial con malversación. Habrá que ver, además, si la Sala atribuye o no desórdenes públicos agravados en el caso de los condenados solo por sedición, tal como indican algunas fuentes judiciales. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha marcado un primer criterio sobre esta cuestión, en la actualización de la resolución de procesamiento hecha pública este jueves en la cual elimina el delito de sedición para el presidente Carles Puigdemont, y los consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y la republicana Marta Rovira, pero mantiene el de malversación para Puigdemont, Comín y Puig. En este marco, el juez mantiene para Puigdemont, Comín y Puig la comisión de delito de malversación recogido en el artículo 432.2 del Código Penal, que establece penas de prisión de 4 a 12 años e inhabilitación de 10 a 20 años.
Las penas de inhabilitación
El Supremo estableció que el inicio de las inhabilitaciones era julio del 2018, ahora hace cuatro años y cinco meses. Con respecto a los condenados por sedición y malversación, Oriol Junqueras, recibió una pena de 13 años de inhabilitación, mientras que Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, de 12 años. En cuanto a los que solo tenían sedición, Carme Forcadell fue condenada a 11 años y seis meses de inhabilitación, Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y 6 meses, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a 9 años.