Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha preguntado al ministerio fiscal si tiene que investigar o no la querella que interpuso Òmnium Cultural contra Juan Carlos I para ocultar dinero en Suiza, según habrían informado fuentes jurídicas a Vozpópuli. Así, será el ministerio fiscal quien tendrá que informar si considera que se aportan bastantes indicios para iniciar un procedimiento penal contra el monarca. Sin embargo, algunas fuentes jurídicas explicaban al mismo digital que la calidad de la querella que habría puesto Òmnium permitiría al ministerio público negarse a investigarla porque basa el texto en recortes de prensa.
El Supremo archivó una querella similar presentada por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida contra Juan Carlos I. Según el mismo periódico, Marchena expuso en este caso que el relato de los hechos no daba "ningún elemento o principio de prueba que avalase su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia sin apoyo objetivo de los hechos".
La querella de Òmnium
El presidente de Òmnium, Marcel Mauri, anunció el pasado 3 de julio que han instado al gobierno de Suiza a bloquear las cuentas de Juan Carlos I en aquel país y presentaron una querella criminal contra el rey emérito en el Supremo por los delitos de corrupción, fraude y blanqueo de capitales.
De esta manera, Òmnium empezaba así una primera acción que se enmarca en una campaña de denuncia contra los poderes del Estado que la entidad ha organizado para denunciar la quiebra democrática. Mauri exponía que esta campaña es la respuesta a la represión por el 1-O y las "condenas vergonzosas del Supremo" contra los líderes del procés, pero también por los déficits democráticos evidenciados durante la pandemia, con la recentralización de las competencias y el "desacomplejado ahogo de las libertades".
La querella criminal contra el rey emérito, presentada a principios del mes pasado, está basada en los delitos de soborno, tráfico de influencias, negociación prohibidas a funcionarios, fraude en la hacienda pública y blanqueo de capital.