La ministra de Defensa, Margarita Robles, confía en que la nueva ley de secretos oficiales ayude a destapar información de los Grupos Antiterroristas de Liberación. Estos fueron unos grupos parapoliciales que practicaban terrorismo de Estado para neutralizar ETA durante la presidencia del socialista Felipe González. Robles ha defendido que el anteproyecto que presentaron ayer sirva para arrojar luz a los documentos de estos grupos que lideraron la guerra sucia contra la disidencia y el terrorismo: "Yo espero que materias que yo en su momento seguí y trabajé, como el tema de los GAL, se pueda desclasificar para que toda la sociedad tenga conocimiento".

El gobierno de Pedro Sánchez está a punto de aprobar la ley de Información Clasificada, que tal y como han denunciado diferentes formaciones de la oposición, quiere destapar documentos oficiales, pero poniendo un mínimo de 50 años desde que sucedieron los hechos, con una prórroga excepcional de 10 años más. A efectos prácticos, el asunto de los GAL, entonces, se sabría hacia el año 2035 y se podría alargar hasta el 2040. Sin embargo, Robles ha insistido en que se trata de una ley "absolutamente necesaria", ya que la que antes teníamos era de 1968, "del franquismo" y que la reforma era una demanda "tanto de la OTAN como de la UE". Ha celebrado que el Consejo de Ministros apruebe el texto: "La ley es una buena noticia, ayuda al conocimiento y la transparencia, se aceptarán todas las enmiendas que sean razonables y posibles". A pesar de las críticas de "opacidad" que ha recibido la ley, como los socios de gobierno, Unidas Podemos, que han asegurado que en los países vecinos el periodo es casi de la mitad del tiempo, la ministra de Defensa ha dicho: "Hay páginas de la historia de España que es bueno que la sociedad, en su conjunto, las pueda conocer, como es el caso de los GAL, como también lo ocurrido con el 23-F".

Los archivos secretos o clasificados en los Estados Unidos de América se pueden destapar al cabo de 20 años como máximo, más de la mitad de lo que el Gobierno propone. En otros países como Francia, el Reino Unido, Portugal o Italia, el plazo también es mucho menor de que el ejecutivo español pretende implementar. Es por eso que Unidas Podemos no está nada de acuerdo con las condiciones de la nueva ley. La líder de la formación lila ha asegurado que "en este momento está lejos de la transparencia que se espera" y ha deseado que el texto final "cumpla con todos los objetivos que nos hemos marcado". Ione Belarra ha recordado que otros socios parlamentarios del Gobierno han mostrado objeciones a los 50 años propuestos y ha prometido: "Vamos a buscar un punto intermedio en que todo el mundo pueda cumplir sus objetivos". Así afirmando que en Unidas Podemos están "abiertas a negociar y a alcanzar un punto de consenso".