El Gobierno prometió 200 millones de euros contra la lacra de la violencia de género en los presupuestos de 2018 y finalmente serán 80. Detrás de esta cifra, anunciada con la presentación de las cuentas, hay una lista de datos que ponen de relieve lo que critican los colectivos feministas y todo tipo de entidades de distinta ideología: la supuesta dejadez del ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de género y de prevención de la violencia machista.

En las manifestaciones celebradas ayer en todo el estado español por la sentencia a los cinco miembros de la Manada hubo no solo críticas a los poderes judiciales, sino que también se enfocó la repulsa contra el ejecutivo español. Buena prueba fueron los abucheos que recibió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la salida de un acto en Córdoba.

Uno de los agravios que denuncian los colectivos, probablemente el de efectos más recientes, fue el anuncio de los 80 millones de partida presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 80 millones frente a los 200 anunciados. El Gobierno ha forzado que los 120 millones restantes los aporten las comunidades y municipios, instituciones con más limitaciones a nivel económico y que afrontan gran parte de las partidas sociales.

Entretanto, en el conjunto del Estado ha habido una bajada sustancial de los agentes de policía dedicados a atención de las víctimas de violencia de género. Según los datos del Ministerio del Interior, se ha pasado de 1.555 efectivos destinados en las Unidades Especializadas en Violencia de Género en 2012 a 1.322 al cierre de 2017. Esto equivale a una caída del 15% en cinco años, justamente el sentido contrario a lo ocurrido con las denuncias de violencia de género, que solo han hecho que crecer.

En los últimos diez años, según los datos publicados anualmente por el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de denuncias ha pasado de 126.293 a 166.260 entre 2007 y 2017, lo que equivale a una subida del 31,6% en una década. Por lo que se refiere al número de víctimas, desde 2012 —primer año completo con el Gobierno de Mariano Rajoy— los asesinatos de mujeres se han mantenido en cifras similares, rondando los cincuenta muertos al año. Este dato siempre ha sido motivo de debate porque en algunas muertes no acaban siendo atribuídas a esta lacra, como sostiene Feminicio.net, que, sin ir más lejos, sostuvo que las víctimas en 2017 fueron casi el doble de lo sostenido por las instituciones (99).

Evidencia internacional

Sindicatos, partidos políticos y todo tipo de organizaciones en España han denunciado la falta de recursos en la prevención de la violencia de Género. Esta denuncia no solo ha tenido una repercusión a nivel español sino en el ámbito internacional.

De hecho, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), perteneciente a la ONU, suspendió a España en 2014 en materia de actuaciones contra la violencia de género. Pues bien, según publicó el pasado julio la misma organización, el Estado va camino de volver a recibir este aviso internacional sobre el incumplimiento de la convención internacional que España ha ratificado.