El concejal del PSC de l'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells ha explicado este miércoles a la jueza que investiga supuestas irregularidades contables en el Consell Esportiu local al menos desde el 2016 que cuando él denunció el caso a la alcaldesa, Núria Marín, se sintió "traicionado" en su confianza y "muy marginado", ya que vio que no lo apoyaba y que se amparaba presuntamente a los responsables de las irregularidades. A preguntas de la instructora, Graells ha criticado la "pasividad total" de Marín, que está investigada en la causa y está previsto que declare el viernes en el juzgado.
Este miércoles estaban citados una decena de testigos, aunque dos vocales del Consell han pasado a ser investigadas y lo harán más adelante. Según han explicado fuentes jurídicas, la jueza y la fiscal, así como la acusación popular, se han centrado en intentar aclarar el papel y la postura de Marín a partir del 3 de febrero del 2020, cuando Graells le denunció el caso y le aportó alguna documentación que evidenciaría las irregularidades.
También ha declarado como testigo el auditor, que ha explicado que sólo pudo hacer una tercera parte de su trabajo, ya que la Policía Nacional intervino toda la documentación contable. No pudo analizar ni la contratación de personal ni las diferencias en las actas de las asambleas donde se aprobaron las cuentas, que eran de unos 400.000 euros en el caso del acta presentada al Ayuntamiento de l'Hospitalet y de más del doble la que se presentó al Consell Català de l’Esport. En cambio, sobre los pagos, sí que pudo encontrar indicios de pagos no suficientemente justificados.
El testimonio de Graells
De hecho, Graells, según fuentes jurídicas, ha explicado que encontró "centenares" de pagos en efectivo y no declarados a Hacienda. Eran pequeños pagos a árbitros o a colaboradores que ayudaban a organizar acontecimientos deportivos escolares y populares. Algunos de estos colaboradores lo hacían desinteresadamente, pero otros cobraban pequeñas cantidades, como 30 o 40 euros, para ayudar a cortar calles, mover vallas o estar presentes en una competición.
También habría pagos por dietas poco razonables, como bares de copas o desayunos, multas, la grúa municipal, libros de autoayuda supuestamente para hacer regalos o colaboraciones para hacer un libro. Estos gastos se pagaban en efectivo, con simples recibos a menudo sólo con la fecha y el nombre del cobrador pero sin el motivo especificado. Formaban parte de una contabilidad interna, y el dinero salía o de las cuotas que pagaban las familias por actividades extraescolares y casales, o de retiradas en efectivo de las cuentas de la entidad, que recibía importantes subvenciones municipales y de la Generalitat, y también de la Diputación, de la cual Marín es presidenta desde julio del 2019.
Otros gastos investigados son, por ejemplo, la indemnización de 42.000 euros a Cristóbal Plaza, que decidió dejar de ser colaborador del Consell, pero poco después de acabar el paro fue contratado como asesor del consistorio, y después fue concejal de Deportes y presidente del mismo Consell.
Graells explicó el caso a Marín el 3 de febrero, pero hasta el 11 de febrero la alcaldesa no habría hecho nada, según este concejal, ahora sin funciones de gobierno. El 16 de febrero Marín habría hablado con Cristóbal Plaza, entonces concejal de Deportes y expresidente del Consell, para encargar una auditoría. El 25 de febrero se decidió la empresa que haría la auditoría y el 10 de marzo se llevó la documentación al auditor. Según Graells, este tiempo fue excesivo y, mientras tanto, Marín, Plaza y el teniente de alcaldía Cristian Alcázar habrían maquinado para apartarlo e intentar tapar estas presuntas irregularidades. En este intento también habría participado el secretario general del Esport, Gerard Figueras, también investigado.
Todo eso se habría intentado ocultar a las asambleas generales del Consell, donde se presentaron unas cuentas de unos 400.000 euros anuales, mientras que a la Generalitat se le presentaban las cuentas, más reales, según algunas fuentes, de más de 800.000 euros.
Los otros testigos de este miércoles han sido colaboradores del Consell, una administrativa, árbitros y directivos de clubs deportivos, algunos vinculados al PSC.
Colaborar con la justicia
Graells ha explicado a la prensa, antes de entrar en el juzgado, que quiere colaborar al máximo y de forma honesta con la justicia para "aclarar los hechos". También ha dicho que está decepcionado con su partido porque en vez de darle apoyo ante su denuncia y sospechas, lo ha apartado y "perseguido", y la formación ha apoyado a los denunciados. "¿Qué tiene que hacer un partido cuando estalla un tema de corrupción? Callar y esperar a que lo salve la justicia con sus abogados brillantes y bien pagados, o ponerse en primera fila, al lado del compañero que lo denunció, para depurar las responsabilidades políticas", se ha preguntado.
Según él, no quiere un juicio paralelo, pero cree que aunque no haya responsabilidades penales, sí que hay políticas, porque algunos de los cargos denunciados podrían haber defraudado a Hacienda y haber hecho pagos fraudulentos. Por eso, cree que algunos de los cargos políticos tendrían que haber dimitido. "La alcaldesa no está realizando su función como líder de la ciudad para depurar responsabilidades políticas", ha concretado.
Los hechos
El juez investiga a Marín y a 14 personas más, entre las cuales altos cargos municipales y el secretario general del Esport, Gerard Figueras, por malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. También ha autorizado a la policía a examinar el contenido del móvil de la alcaldesa.
La también presidenta de la Diputación de Barcelona pidió a mediados de diciembre poder declarar en el juzgado después de que la semana anterior la Policía Nacional la detuviera por una supuesta desviación de subvenciones públicas. Marín declaró durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) como investigada policialmente por prevaricación, malversación de dinero público y omisión del deber de perseguir un delito.
Según el juez, hay indicios de que al menos los últimos cuatro años miembros de la directiva del Consell Esportiu y al mismo tiempo miembros del Ayuntamiento, "en connivencia con el director, nombrado secretario anteriormente, habrían dispuesto, con afán de lucro y de forma indebida y fraudulenta, de los fondos de este organismo, falseando o alterando documentación de la entidad para ocultar los hechos y darle la apariencia de legalidad".
Así, se considera que estarían implicados el expresidente de la entidad y también exconcejal de Deportes, Cristóbal Plaza, Cristian Alcázar, también teniente de alcalde y anterior presidente del Consell, y Eduard Galí, actual director del Consell. Según el auto del 22 de diciembre, los tres habrían utilizado dinero de la entidad para su propio provecho o el de terceros y con finalidades aparentemente ajenas al organismo, "actuando con total impunidad al aprovecharse de las facultades de dirección inherentes al cargo que tenían en el organismo y de su condición de miembros de la corporación local". Así, "habrían ideado un sistema de contabilidad oculto, excluido de cualquier tipo de control ajeno a los presuntos responsables, y falsificando varios tipos de documentos de la entidad para evitar su descubrimiento por parte del órgano interno encargado del control y la fiscalización económica".
El juez cree que los tres principales investigados habrían actuado con la "connivencia" de otras personas, como Marín, que "habría favorecido o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento a la entidad dirigida y gestionada por los investigados". Estos fondos habrían servido a Alcázar, Plaza y Galí para seguir con su entramado y Marín los habría ayudado a evitar que fueran descubiertos, y mantuvo una "conducta omisiva y pasiva" cuando el ahora exteniente de alcalde Jaume Graells le explicó sus sospechas.
Los implicados también habrían falsificado documentos internos del Consell Esportiu sobre su situación económica y financiera para no sólo desviar fondos de la entidad, sino para conseguir más procedentes del consistorio, del cual formaban parte. También hay conversaciones entre los principales investigados donde se evidenciarían los intentos para ocultar los hechos
Estas acusaciones del juez se basan principalmente en la declaración judicial inicial de Graells y de una administrativa del consejo encargada de la tesorería y la facturación, una auditoría encargada para buscar irregularidades y la documentación decomisada en los registros policiales. Además, el juez dice que después de que Graells denunciara los hechos, los tres principales investigados habrían maquinado para intentar ocultar los hechos, cosa que se ha descubierto a través de sus mensajes, llamadas y documentos informáticos. De hecho, el juez cree que los tres "orquestaron una maniobra para aparentar una correcta actuación y excluir al denunciante de la entidad deportiva", operación que habrían hecho junto con Marín y Figueras.
Semana de declaraciones
Este jueves están citados a declarar ocho investigados. Finalmente, el viernes a las 10 de la mañana y en turnos de tres cuartos de hora tienen que declarar Montserrat Pérez, Marín y Figueras. El último en declarar aquel día será Cristian Alcázar, expresidente de la entidad y uno de los principales sospechosos, que ya declaró anteriormente al juzgado, pero a quien el juez considera que se pueden atribuir nuevos hechos delictivos, a raíz de la documentación recopilada por la policía.
El juez también pidió a la Udef que le aporte el acta de la reunión de la comisión directiva del 16 de septiembre del 2016, si la han encontrado en los registros. Al Consell Esportiu le pidió que identifique a todos los trabajadores de la entidad en aquellos momentos.
Además, en un auto del mismo 22 de diciembre, el juez autorizaba a la policía a acceder y examinar el contenido del teléfono móvil de Marín, diligencia prevista para el 29 de diciembre pasado. La policía sospechaba que en el móvil de Marín podía haber pruebas de sus conversaciones con otros investigados como Alcázar o Figueras.