El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este lunes que el Gobierno desclasificará información sobre las escuchas al independentismo catalán con el software Pegasus si un juez solicita documentos concretos y "si es oportuno y razonable a la ley". Hay más de media docena de jueces de Barcelona que investigan este espionaje por parte del Gobierno a líderes políticos y sociales, pero solo el magistrado que investiga la querella presentada por el president Pere Aragonès lo ha pedido de forma concreta, y desde mediados de noviembre está en la mesa del Consejo de Ministros.
Precisamente, el ministro Marlaska ha hecho estas declaraciones a los periodistas cuando se ha sabido que el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha aplazado la declaración de la exdirectora del CNI Paz Esteban, prevista para este miércoles, a petición de su letrada, de la Abogacía del Estado. La declaración del president Aragonès, como querellado, se mantiene para este miércoles a las nueve y media de la mañana. La Abogacía del Estado ha presentado recurso contra la decisión del juez de admitir todas las pruebas solicitadas por el abogado de Aragonès, el penalista Andreu van den Eynde, y, por lo tanto, podría limitar el levantamiento del secreto de las escuchas. El móvil de Aragonès fue infectado en el 2020, cuando era vicepresidente del Govern, según descubrió la investigación del CatalanGate.
Un espionaje admitido
Antes de conocer el aplazamiento de la declaración de Esteban, Marlaska ha sido preguntado sobre este asunto y sobre si el ejecutivo tiene previsto desclasificar algunos de los documentos. "La anterior directora del CNI declarará en los términos que entienda precisos y de acuerdo con la ley", ha destacado Marlaska, antes de incidir que, en materia de desclasificación, "se desclasificarán, si es procedente, aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad" competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley proceder a esta desclasificación”.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió el independentismo catalán, pero lo hizo con una autorización judicial del Tribunal Supremo. Según fuentes conocedoras, esta es la versión oficial que dio la entocnes directora del CNI a la comisión de secretos oficiales, el 5 de mayo pasado. No obstante, Paz Esteban rebajó la lista a solo 29 dirigentes independentistas, entre los cuales hay el president Pere Aragonès y el entorno del president en el exilio, Carles Puigdemont, en Waterloo. Una cifra que no llega ni en mitad de los 65 de políticos, activistas, abogados y periodistas catalanes y vascos que Citizen Lab ha acreditado que tenían el teléfono infectado con el software Pegasus. De aquella comisión se dijo que el juez del Supremo permitió las intervenciones de los teléfonos para controlar la respuesta de Catalunya a partir de la sentencia del Supremo contra los líderes del proceso, el 14 de octubre de 2019, fecha a partir de la cual se produjeron grandes movilizaciones en las calles, con el impulso de la plataforma Tsunami Democrátic.
El ministro Marlaska también ha sido preguntado por las comisiones que se crearán por el Congreso de los Diputados para aclarar si se ha producido lawfare o judicialización de la política en las causas contra independentistas catalanes, y ha aclarado que estas comisiones, "tienen la eficacia y el alcance que la misma normativa diseña", y que es su reglamento quien dictamina quién tiene obligación de comparecer.