Políticos y militares. El escándalo de la vacunación a personas que no forman parte de ninguna residencia de personas mayores ni son sanitarios se centra en estos dos colectivos públicos. El último también empieza a sufrir las primeras consecuencias para saltarse la ética y las normes.Segons informa la agencia Colpisa, el primero al tomar decisiones ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y no la de Defensa, Margarita Robles.
Grande-Marlaska ha decidido cesar de su cargo al enlace de la Guardia Civil en el JEMAD, el Estado Mayor de la Defensa. El nombre propio no ha trascendit pero es la primera consecuencia después de conocer que, empezando por el mismo Miguel Ángel Villaroya, la cabeza del JEMAD y hombre que salía a dar lecciones a la población durante la primera ola, hubieran decidido gastar una dosis de Pfizer por|para su lucro personal.
La decisión se tomó ayer tarde, se hará efectivo con carácter inmediato y fuentes militares han confirmado la información. Grande-Marlaska se enteró de que el teniente coronel, dependiendo de Interior, había formado parte del proceso de vacunación en esta institución militar. Las mismas fuentes justifican que tiene que ser fulminado "para dar ejemplaridad".
El oficial de enlace de la Guardia Civil en el JEMAD es un cargo de libre designación nombrado por el ministerio, de manera que el militar será reintegrado en otra unidad del instituto armado con diferente cometido y por lo tanto no sufrirá ningún tipo de despido o rebaja salarial.
Robles, más benevolente
Por su parte, Robles ha sido menos efectiva. De momento, la ministra ha pedido al general Villarroya un informe para conocer los detalles de la utilización de las primeras dosis por si hubiera que depurar responsabilidades. A pesar de tener la confirmación que se han vacunado personas que no les correspondía.
Robles ha ido más allá y ha defendido el cuerpo militar públicamente. Ayer recordó que el JEMAD trabaja "siempre con muchísimo rigor" y puso la mano al fuego al asegurar que las vacunaciones no se han extendido entre los administrativos del ministerio. La única excepción que permite el protocolo es el personal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid y el General de Zaragoza cuando les corresponda de acuerdo a los criterios de las comunidades autónomas respectivas