Una vez más, la Justicia española ha intentado conseguir la extradición del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, después de su detención en L'Alguer por parte de la policía italiana. Pero, de nuevo, ha fracasado: el Tribunal de Apelación decidió que no le impondrían medidas cautelares de ningún tipo ni restricciones de movimiento. Ahora, en la víspera de la vista en la cual se analizarán si se dan las condiciones para la entrega del presidente catalán a España, el ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, se ha puesto a la defensiva y ha asegurado que "lo que decidan los jueces italianos será lo correcto".
Así lo ha subrayado en declaraciones a los periodistas en Córdoba con motivo del acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, dentro de la Semana Institucional del Instituto Armado que se festeja en esta ciudad desde el miércoles de esta semana hasta el día 9.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste al acto central de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil / EFE
No obstante, Grande-Marlaska ha dicho que a él no le gusta hacer pronósticos y que "lo importante es confiar en los diferentes poderes, en este caso al poder judicial italiano, que es un poder judicial europeo", de manera que "aquí está el entorno de la orden europea", ha remarcado.
Puigdemont quiere recuperar la inmunidad
Por su parte, Puigdemont ha solicitado al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que le devuelva la inmunidad de forma cautelar con el objetivo de evitar una nueva detención como la que se produjo en Cerdeña. Este paso ya había sido avanzado por los abogados del presidente Puigdemont y el trámite se formalizó el pasado viernes.
Boye, confiado
Su abogado, Gonzalo Boye, se ha mostrado muy optimista y convencido de que el procedimiento se cerrará y Puigdemont podrá volver a Bélgica el martes, ya que el lunes tiene una agenda demasiado apretada. En una entrevista en El suplement de Catalunya Ràdio, Boye está seguro de que Europa "nos dará la razón, es un hecho" y que el Estado no cumple con las normas europeas, hecho que tendría que provocar que se le aplicaran sanciones.
"Los exiliados tendrían que tener garantizada la inmunidad de desplazamiento en el estado español, pero España está incumpliendo una norma europea, resultado de una persecución política", ha advertido al abogado. Ante esto y dando por hecho que Europa les dará la razón, Boye asegura que el estado "puede seguir haciendo lo que quiera y Europa lo que debe, lo mismo que con Polonia y Hungría," en referencia a la aplicación de procedimientos de infracción.
Estos, apunta, tienen unos "costes elevadísimos" especialmente cuando se depende de la llegada de fondos europeos: "No sé si España quiere jugar a estas cartas".
Imagen principal: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska / EFE