Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) llegó en el Ministerio del Interior en junio de 2018 después de abandonar el Consejo General del Poder Judicial, donde era vocal a propuesta del PP desde 2013 (de hecho, había sonada como Fiscal General del Estado con Mariano Rajoy). Con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y con un historial en la espalda que acumulaba reprimendas del TEDH y múltiples decisiones controvertidas como juez, abandonó la órbita del PP para incorporarse a un Gobierno del PSOE y convertirse, por sorpresa, en el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un nombramiento que levantó críticas en muchos sectores. Antes de hacer el salto a la política, había sido juez de la Audiencia Nacional (donde llegó a ser el presidente de la Sala de lo Penal), de la Audiencia Provincial de Vizcaya, del Juzgado de Instrucción de Bilbao y del Juzgado de Primera Instancia de Santoña (Cantabria).
Como ministro, ha ido sumando y acumulando escándolos y, hace mases, poco podía imaginar nadie hace unos meses que Pedro Sánchez lo renovaría con la nueva legislatura y Marlaska acabaría siendo de los pocos supervivientes de aquel primer Consejo de Ministros. Ahora, 2.048 días más tarde, se convertirá en el ministro del Interior más longevo desde la aprobación de la Constitución.
Es un hito que alcanzará el próximo martes 16 de enero, cuando superará José Barrionuevo, que ocupó el cargo durante 2.048 días, entre diciembre de 1982 y julio de 1988. En la lista también figuran José Luis Corcuera (1.962 días, de 1988 a 1993), Alfredo Pérez Rubalcaba (1.918 días, de 2006 a 2011), Jorge Fernández Díaz (1.774 días, de 2014 a 2016) y Jaime Mayor Oreja (1.758 días, de 1996 a 2001).
Seis condenas del TEDH por no investigar denuncias de torturas
La sombra más larga que se proyecta detrás del actual ministro del Interior llega hasta Estrasburgo, exactamente hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TEDH ha condenado a España en seis ocasiones por no haber investigado denuncias de torturas de presos vinculados a ETA en causas que estaban bajo el poder de Marlaska. La última condena llegó en enero de 2021: la víctima, el exmiembro de Ekin Íñigo Martínez, había denunciado que durante el interrogatorio le habían puesto una bolsa en la cabeza, lo habían ahogado, lo habián pegado y había llegado a "tener ganas de vomitar". La sentencia apuntaba que Marlaska, como juez de instrucción central número 3 de la Audiencia Nacional, "no respondió a las solicitudes de los miembros de la familia del demandante relativas a las medidas de investigación y protección del solicitante mientras se encontraba bajo custodia policial".
Las dos primeras veces que el TEDH condenado a España y habia señalado a Marlaska como juez instructor por el mismo motivo fueron los casos de Oihan Ataun y de Beatriz Etxebarria. El relato de Etxebarri, recogido por el diario vasco Naiz, testimoniaba las torturas: "Estando desnuda, me lanzan agua fría por encima y me ponen a cuatro patas sobre una especie de taburete. Me ponen vaselina en el ano y en la vagina y me introducen un poco un objeto. Sigo desnuda y me enredan en una manta y me golpean". Posteriormente, Marlaska también quedó salpicado por las sentencias del casos de Jon Patxi Arratibel y Xabier Beortegui, dos exmiembros de Ekin, y de Igor Portu y Mattin Sarasola, autores de del atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas en el 2006. Esta última, de hecho, ha sido la única vez que el TEDH, aparte de recriminar que no se investigaran las posibles torturas, acreditó que hubo un trato degradante e inhumano.
El 26 de junio de 2018, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Sortu sostuvo, en una comparecencia de prensa con la abogada Amaia Izko, que 223 ciudadanos vascos que fueron detenidos bajo la supervisión de Marlaska como juez de instrucción fueron torturados.
Asedió en el Parlament, un tuitero acusado de enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey y Yak-42
Ahora bien, las evidencias de que Marlaska no estaba comprometido con la investigación de posibles torturas no son las únicas manchas oscuras de su dilatada trayectoria como juez. En 2017 fue contrario a absolver a un tuitero acusado de enaltecimiento del terrorismo por la publicación de una decena de tuits. Marlaska emitió un voto particular en contra de la sentencia y argumentó que los tuits "trascendían los límites de la libertad de expresión". En 2014 se opuso a la absolución de los diecinueve acusados por el asedio en el Parlament de Catalunya del 15 de junio de 2011 y defendió que habían cometido un delito contra instituciones del Estado y que merecían tres años de prisión e inhabilitación (aunque recomendaba un indulto parcial para evitar el ingreso en la prisión).
Además, en 2008 acusó a cuatro jóvenes gallegos de injurias graves al rey por quemar una figura del monarca en una manifestación en Vigo y abrió juicio oral contra dieciséis acusados de quemar fotos del rey en una concentración en Girona. Este segundo caso también acabó en el TEDH, que sentenció que la libertad de expresión ampara quemar fotos del monarca.
Otro sombra oscura en su expediente es el archivo de la investigación sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en mayo de 2003 en un accidente en el que murieron 62 militares que volvían de una misión a Afganistán. Marlaska sostuvo que los seis mandos militares imputados, de la etapa de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, no habrían podido evitar el accidente y concluyó que no había responsabilidad penalmente relevante: "No fueron las circunstancias de mantenimiento de la aeronave las causas, ni directos ni indirectas del siniestro", argumentó. Los familiares de las víctimas tildaron esta decisión de "golpe moral" y "jarro de agua fría".
Por otro lado, Marlaska se opuso a apartar a Concepción Espejel del Caso Gürtel por sus vínculos con el PP. La actual magistrada del Tribunal Constitucional, próxima a los populares, ha sido la jueza que, posteriormente, ha condenado a Valtonyc y a los jóvenes de Altsasu y que emitió un voto particular en la sentencia del Caso Trapero pidiendo que fuera condenado por sedición. Además, Marlaska, como vocal del CGPJ, fue favorable a suspender a Santi Vidal durant tres años como magistrado por haber escrito un proyecto de Constitución catalana, defendió que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "no se vulneran los derechos fundamentales" y arguyó, junto con los otros miembros de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que la política de dispersión de los presos de ETA no vulnera sus derechos fundamentales y penitenciarios.
Presos políticos, infiltraciones en movimientos sociales y detenciones en Girona sin orden policial
En junio de 2018, después del éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, Fernando Grande-Marlaska fue nombrado ministro del Interior, en medio de las críticas de las fuerzas de izquierdas e independentistas. De aquel primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez solo continúan María Jesús Montero en Hacienda, Margarita Robles en Defensa, Luis Planas en Agricultura y Teresa Ribera en Transición Ecológica.
El primer frente que tuvo abierto Marlaska fue el traslado de los presos políticos. En aquel momento, todavía estaban en prisión preventiva cerrados en Estremera y en Alcalá-Meco. El ministro se mostró partidario y, después de que lo autorizara el juez Pablo Llarena, los presos políticos fueron trasladados a Lledoners y Puig de les Basses, donde llegaron a principios de julio.
Otra de las grandes polémicas a que ha tenido que enfrentarse Marlaska al frente de Interior han sido las cuatro infiltraciones de policías españoles en movimientos sociales, políticos y populares que ha destapado La Directa: en movimientos de la izquierda independentista del Eixample y del Gótico (en el SEPC y en Jovent Republicà), en movimientos sociales de Sant Andreu, en movimientos sociales de Valencia y en movimientos independentistas de Girona. Marlaska insistió en sede parlamentaria que no se persigue políticamente al independentismo, pero ERC, Junts, la CUP y los comunes quieren que comparezca en la Comisión de Investigación del Parlament de Catalunya para dar explicaciones.
También quedó en el ojo del huracán cuando la Policía Nacional detuvo, sin orden judicial, a dieciséis personas en las comarcas gerundenses acusadas de desórdenes públicos por haber participado presuntamente en el corte de las vías del AVE del aniversario del 1-O en Girona (el ministro arguyó que era "el funcionamiento del estado de derecho"). Asimismo, tuvo que hacer frente a la revelación que 65 personas del entorno independentista habían sido espiadas con el programa israeliano Pegasus, a la detención de los CDR en septiembre del 2019 acusados de terrorismo y a las protestas contra la sentencia del Procés en octubre del 2019 (reforzó los efectivos de la policía española en Catalunya con 1.000 agentes más). Por cierto, Marlaska condecoró a los agentes heridos en los disturbios de esos días y, un año antes, había reconocido la gestión de Enric Millo, delegado del Gobierno en Catalunya el 1-O, durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Otras patatas calientes con las que ha tenido que lidiar durante estos cinco años y medio han sido la crítica permanente desde la oposición por el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco (en marzo de 2023 Marlaska autorizó el traslado de los últimos cinco presos de ETA a prisiones de Euskadi y puso fin a la política de dispersión), el caso Cuarteles, una trama de corrupción centrada en las presuntas irregularidades en obras de reformas en cuarteles de la Guardia Civil (Marlaska lo atribuyó al PP y la directora de la Guardia Civil dimitió por la imputación de su marido), las reivindicaciones de los sindicatos policiales de equiparar los sueldos de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los de las policías autonómicas, una cuestión que todavía no está resuelta, y la muerte de un interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia, en julio del 2019.
Con la mirada puesta en la frontera sur
Sin embargo, los grandes escándalos con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior han pasado en la frontera sur. El más reciente fue la masacre de Melilla, donde, según el Gobierno, murieron 23 migrantes (aunque las ONG han elevado sustancialmente la cifra) en un intento masivo de saltar la valla. Esta tragedia mereció a Marlaska la reprobación del Congreso de los Diputados por "su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y las mentiras dichas en sede parlamentaria".
Después de los graves hechos, el Estado recibió la reprimenda de todo tipo de instituciones: la ONU afirmó que se había hecho un "uso excesivo de la fuerza", Amnistía Internacional acusó a España y Marruecos de "crímenes contra el derecho internacional" y el Defensor del Pueblo sostuvo que no se habían respetado "las garantías legales". La comisaria de Interior de la Unión Europea y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también criticaron la actuación y el mismo Consejo de Europa exigió una investigación.
Meses más tarde, algunos diputados tuvieron acceso a vídeos durísimos sobre los hechos, Lighthouse Reports (una ONG con sede en los Países Bajos) concluyó que hubo al menos un muerto en España y la SER también reveló que la tragedia había tenido lugar en una propiedad del Gobierno. Sin embargo, y aunque la oposición lo criticó, Marlaska negó muertes en territorio español tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo. PSOE, PP y Vox bloquearon la comisión de investigación sobre los hechos y la Fiscalía archivó la investigación. Un año más tarde, Amnistía elevó la cifra de muertos a más de 100.
En mayo del 2021 el Gobierno ya había tenido que gestionar una crisis migratoria después de que miles de personas llegaran nadando en Ceuta. El Gobierno desplegó al Ejército, Pedro Sánchez prometió "firmeza" y Marlaska confirmó más de 6.500 expulsiones. En ambos casos, lejos quedaban las imágenes de la acogida del barco Aquarius en el Puerto de Valencia pocos días después que Sánchez llegara a La Moncloa.
El eco de tres nombres: de los Cobos, Azón y Corbí
Y acabamos con el eco de tres nombres que todavía resuenan cuando se habla de Marlaska al frente de Interior. El principal es el del coronel Diego Pérez de los Cobos. El responsable del dispositivo policial del 1 de octubre se convirtió en jefe de la Guardia Civil en Madrid en abril de 2018 y, dos años más tarde, fue cesado por Marlaska. El ministro argumentó que había perdido la confianza en él (en medio había un informe sobre el 8-M y el coronavirus), pero finalmente el Tribunal Supremo anuló la destitución y Marlaska se vio obligado a restituirle.
El cese de Pérez de los Cobos ha sido una de las armas contra el ministro que ha utilizado la derecha española, que también ha reprobado las destituciones de Félix Azón, director general de la Guardia Civil entre junio de 2018 y enero de 2020 , y de Manuel Sánchez Corbí, director de la Unidad Central Operativa (UCO) entre 2015 y agosto de 2018.
De juez controvertido a ministro polémico (y resiliente)
El juez controvertido que hacía la vista gorda a las torturas, que se desmarcaba de sentencias absolutorias que defendían la libertad de expresión, que dio apoyo a Concepción Espejel y que archivó la investigación sobre un accidente donde murieron 62 militares se convirtió en ministro del Interior. Y, cinco años y medio después, se ha ganado la animadversión de los cuerpos policiales y de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias por una masacre en la valla de Melilla con decenas de muertos, por varias infiltraciones en movimientos sociales y políticos de los Països Catalans, por la presunta corrupción en la Guardia Civil y por detenciones de la Policía Nacional sin orden judicial. Un ministro que más de una vez ha estado en la cuerda floja. Un ministro polémico, pero, al fin y al cabo, resiliente.