Fernando Grande-Marlaska continúa defendiendo las deportaciones de los menores que llegaron a Ceuta desde Marruecos el pasado mes de mayo en una crisis migratoria. El ministro de Interior firmó esta orden el pasado viernes y mantiene que estas devoluciones se están haciendo con "garantías" y conforme al acuerdo de cooperación suscrito en el 2007 entre España y Marruecos de prevención de migración ilegal de menores y su retorno concertado.
En una entrevista en RNE, Marlaska ha querido puntualizar que no se trata de expulsiones sino de "retornos asistidos", que se hacen "en beneficio del menor" porque tienen como objetivo "restablecer su vida familiar y cultural". En este sentido, ha remarcado que su Ministerio es un "engranaje más", ya que los retornos son fruto de una "coordinación interinstitucional".
Querían volver a Marruecos
Estas declaraciones llegan después de que la justicia detuviera ayer las devoluciones durante tres días, "hasta que se verifique cómo se ha realizado el procedimiento".
Para paliar las críticas, el ministro ha subrayado que las devoluciones se están haciendo cuando "no existe ningún riesgo" para la integridad del menor y que el hecho de volver con la familia también es un derecho de los niños y jóvenes. Ayer, después de anunciar que ya se habían efectuado 45 retornos, destacó que entre ellos no había menores vulnerables, que estos niños querían volver a su país de origen y que no tenían ningún tipo de "arraigo" en España.
Paralización de las deportaciones
Hoy, el titular de Interior ha insistido en decir que es el gobierno de Ceuta quien tiene la tutela de los menores, y por lo tanto a quien se encarga de determinar si ser devuelto con la familia está en su interés. Precisamente, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de la ciudad autónoma ordenó ayer a última hora la paralización de "todas las devoluciones" de menores migrantes en Marruecos "hasta que se verifique como se ha realizado el procedimiento".
Antes, por la tarde, ya se había frenado la deportación de nueve menores, al considerar que el Ministerio del Interior no cumple los requisitos para llevarlas a cabo legalmente. Según ha informado elDiario.es, el juzgado ha tomado esta medida de urgencia en respuesta a la demanda cautelar de la Asociación Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces.
La Audiencia Nacional pide documentación
Por su parte, el ministro de Interior ha garantizado que acatará las decisiones judiciales si los tribunales paralizan definitivamente las expulsiones y ha explicado que las autoridades concernidas presentarán alegaciones contra esta decisión.
Además, también ha confirmado que la Audiencia Nacional ha pedido a su Ministerio que aporte el oficio del 10 de agosto de la Secretaría de Estado de Seguridad que ordenó la repatriación de menores. La sala de lo contencioso administrativo da 24 horas para presentarlo a raíz de un recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que reclama la suspensión cautelar de los traslados.
En la imagen principal, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska / Europa Press