Al día siguiente de que el Congreso de los Diputados diera su primera luz verde a una ley de amnistía, el ministro del Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa de los jueces españoles y ha negado que estos hayan "prevaricado" nunca. Durante la sesión de control al Gobierno, ha reivindicado la "independencia del poder judicial". Ha sido su respuesta a unas preguntas del popular Esteban González Pons, quien le ha recordado que su compañero en el Consejo de Ministros Óscar Puente ha reconocido ya en más de una ocasión la existencia de lawfare contra el independentismo.
Paralelamente, Félix Bolaños ha señalado que la ley de amnistía es el paso "definitivo" por la "convivencia en Catalunya", una herramienta para que España "sea un país mejor". Lo ha dicho en respuesta a Cayetana Álvarez de Toledo, rescatada en las últimas semanas por Alberto Núñez Feijóo como portavoz en el Congreso de los Diputados. La parlamentaria, perteneciente a la rama más ultra del partido, ha hablado de la amnistía como la "fractura civil española", y ha señalado que el PSOE acabará siendo un "humillante paréntesis en la historia de España". Ha criticado que ahora sea "la justicia quien rinde cuentas ante Carles Puigdemont" y no al revés y ha reprobado que los socialistas solo están preocupados por la "convivencia entre chantajista y chantajeado".
El ministro de la Presidencia y de Justicia, sin embargo, le ha replicado que "ser un ultra es un mérito para tener puestos de responsabilidad" en el PP. Ha lamentado que los populares "hayan comprado el discurso ultraderechista de Vox", cosa que ha considerado que es "el mayor problema" que tiene la democracia española, y ha preguntado a Álvarez de Toledo si el PP se siente más cerca de los "energúmenos" que cantan el "Cara al sol" en Ferraz o del PSOE y ha subrayado la gravedad de "no tener respuesta clara a una pregunta tan fácil para los demócratas".
El referéndum y el "próximo engaño" del PSOE, según el PP
Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el diputado y vicesecretario de asuntos económicos del PP, Juan Bravo, ha preguntado a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuál será "el próximo engaño" del ejecutivo de Pedro Sánchez. Ha recordado que el PSOE se oponía frontalmente a una ley de amnistía hasta hace unos meses, y que también negaba de totalmente que nunca se celebre en Catalunya un referéndum de autodeterminación. El popular se ha preguntado si una consulta sobre el futuro político de los catalanes será el siguiente paso que acepten los socialistas de parte del independentismo.
Las declaraciones de Bolaños, Marlaska y Montero han llegado pocas horas después de que el Congreso de los Diputados diera su luz verde a empezar a estudiar la ley de amnistía. Es decir, el primer examen que tiene que pasar la norma en las Cortes españolas para que acabe siendo, en unos meses, una realidad. Si no aparecen más obstáculos de los previsibles, fuentes próximas a Francina Armengol señalan que los cálculos que hace la presidencia del Congreso de los Diputados apuntan que la ley de amnistía no se publicaría en el BOE hasta abril.
La cámara baja aprobó la tramitación de la ley de amnistía gracias a los 178 votos afirmativos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Sumar. Fue un debate enfangado por la agitación de Alberto Núñez Feijóo del espíritu del 23-F y las referencias a dictadores como Benito Mussolini e imágenes de guillotinas que decapitan cabezas como la de Mariano Rajoy. En cambio, la sesión no estuvo marcada por el grosor de argumentos a favor y en contra de la norma. Mientras que el líder del PP habló de "vergüenza" y "humillación", Patxi López, en nombre del PSOE, aseguró que una ley de amnistía se hace por "la esperanza" y la "ilusión" que representa.
En aquel debate, ERC y Junts coincidieron en situar el referéndum como el próximo paso en las negociaciones del independentismo con el PSOE. Gabriel Rufián se preguntó "qué puede pasar dentro de cuatro años" cuando hacía referencia a una consulta sobre la autodeterminación, mientras que Josep Maria Cervera de Junts per Catalunya avisó a los socialistas de que después de reparar la persecución judicial a independentistas toca empezar una negociación "tú a tú" sobre el futuro político del país.