El pasado martes, el Tribunal Supremo dio la razón al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en su encontronazo contra el Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska. El guardia civil denunciaba el nombramiento de tres generales del Instituto Armat después de que el Gobierno los aprobara de nuevo, después de que fueran invalidados el año pasado. Según sostiene Pérez de los Cobos, los tres nombramientos pasaban por alto su candidatura y si bien todavía no se conocen los detalles de la sentencia, Interior no descarta que se les obligue a ascender al coronel. Sin embargo, según informa OKDiario, si la justicia impone el ascenso, el Ministerio del Interior podría dilatar los plazos todo lo posible para que, con la llegada de diciembre, Pérez de los Cobos cumpla los 61 años y tenga que jubilarse forzosamente.
Aunque el Supremo imponga de alguna manera el ascenso que ha negado repetidamente Interior a Pérez de los Cobos, la edad juega en su contra. Si desde el ministerio se acuerda dejar correr el reloj para cumplir las exigencias del tribunal, solo tendrían que esperar hasta el 13 de diciembre. Entonces, el coronel cumpliría 61 años, límite de edad para este cargo y, consecuentemente, tendría que jubilarse. Según informa el mismo digital, en Interior no hay ninguna intención de ascender a Pérez de los Cobos, al margen de la sentencia.
Defensa de los nombramientos
Justo después de darse a conocer la decisión del Supremo, Interior ha defendido sus nombramientos. Según fuentes de Interior de Europa Press, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska esperará a conocer la sentencia adelantada por el Supremo, si bien señala que "todo indica que habrá que retrotraer las actuaciones a algún punto concreto del proceso de ascenso". De este modo, Interior asume que tendrá que "corregir el error formal que haya podido detectar el Supremo y volver a acordar el ascenso a general anulado, trámite en el que la Dirección General de la Guardia Civil volverá a proponer, como ha hecho hasta ahora, al candidato más idóneo para el cargo".
El alto tribunal ya ordenó en 2023 su restitución en el cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, del cual fue destituido en mayo de 2020 después de que miembros de la Policía Judicial de la propia comandancia entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8-M y su posible influencia en la expansión del covid-19. Anteriormente, había tenido un papel destacado en su actuación durante el procés y el referéndum del 1-O.