Fernando Grande-Marlaska ha ofrecido este lunes unas declaraciones en las que ha intentado rebajar el alcance del pacto entre PSOE y Junts per Catalunya sobre la delegación a la Generalitat de las Competencias en inmigración. El ministro del Interior, un socialista que se ha mostrado contrario en los últimos meses a algunas de las cesiones que finalmente han tenido que aceptar los socialistas respecto de los independentistas, ha manifestado que sigue "pensando lo mismo" ahora que ya se ha llegado a un acuerdo definitivo. "No hay ninguna cesión en el control de fronteras ni tampoco hay ninguna cesión en el control de flujos migratorios irregulares", ha manifestado ante los periodistas que cubrían el acto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
El ministro ha señalado que la policía española y la Guardia Civil "seguirán haciendo las funciones que hacen en las fronteras una vez se apruebe la ley". "El CNP será quien acordará quién entra y quién sale del territorio nacional y quien ponga el sello en los pasaportes; los Mossos d'Esquadra actuarán en las fronteras en el marco de competencias del que habla la ley, y habla de las devoluciones de aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España", ha añadido. Y ha argumentado que no hay ninguna cesión en los flujos migratorios porque "una persona que ha entrado irregularmente tendrá la expulsión como sanción; y es la administración general del Estado quien ejecuta y quien acuerda la expulsión".
Marlaska también ha sido preguntado sobre otros puntos de la ley, como el control de los CIE por parte de la Generalitat o la voluntad de Junts per Catalunya de aprovechar la ley para hacer obligatorio el conocimiento de la lengua catalana para obtener el permiso de residencia. En su respuesta, el ministro ha salido "en defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales" que menciona el texto de la futura ley. Según el ministro, la lengua "es un elemento que determina circunstancias como el arraigo y es susceptible de ser valorable". Pero ha añadido que "de ninguna manera será determinante para que una persona tenga la residencia o sea expulsada".
Dicho esto, Marlaska ha defendido la proposición de ley pactada entre socialistas y el partido de Carles Puigdemont porque con la delegación en materia migratoria y la incorporación de los Mossos d'Esquadra en la seguridad de puertos y aeropuertos lo que se quiere es dar "un paso más en una cosa tan importante en un Estado autonómico como mejorar el servicio público a la ciudadanía y la coordinación y cooperación del conjunto de administraciones".
El pacto definitivo Junts-PSOE en inmigración
Junts per Catalunya y PSOE registraron en el Congreso de los Diputados la proposición de ley en la que las competencias en inmigración se delegan a la Generalitat de Catalunya. El pacto entre socialistas y juntaires estipula que la administración catalana se podrá encargar ahora de proponer expulsiones de inmigrantes que tengan prohibida su entrada a Catalunya, así como que la policía catalana tenga presencia en las fronteras y trabaje de forma coordinada con la policía española y la Guardia Civil.
El texto también señala que los Mossos se encargarán de la seguridad de puertos, aeropuertos y otras zonas críticas. También se incrementará el número de efectivos de la policía catalana en 1.800 agentes, hasta llegar a los 26.800 efectivos. La Generalitat también gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros y Catalunya se configurará como "ventanilla única" de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; y expedirá el documento de identidad de los extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado. Para más detalles, puedes clicar aquí.