“En los dispositivos de control y vigilancia establecidos por la policía española y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”. El Ministerio del Interior da explicaciones al Tribunal Supremo por la no detención de Puigdemont y su posterior vuelta a Waterloo. En su respuesta al requerimiento del juez Pablo Llarena, el ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska afirma que la policía española y la Guardia Civil no detectaron al president en el exilio “en momento alguno” cruzando la frontera entre Francia y el Estado español y asegura que el dispositivo para detener a Puigdemont iba a cargo de los Mossos d’Esquadra. En una nota de prensa, el Ministerio del Interior señala que ofreció a la Generalitat “cualquier apoyo operativo” por parte de la policía española y la Guardia Civil después de que, a través de los canales y medios habituales de comunicación, la policía catalana les informara del “diseño de su dispositivo específico y especial” para detener a Puigdemont. Ahora bien, esta ayuda no fue “requerida” por los Mossos, más allá de los “apoyos habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”, según apunta el informe.
Eso sí, el Ministerio del Interior relata que, “una vez conocida la fuga de Puigdemont”, impartió instrucciones al jefe superior de policía y al jefe de la Guardia Civil en Catalunya para que “se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizar y proceder a su detención. También se reforzó la vigilancia de puertos y aeropuertos y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque “las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad” de los Mossos de Esquadra. Estos dispositivos estuvieron vigentes hasta el sábado 10 de agosto. Además, desde antes del 8 de agosto, tanto la policía española como la Guardia Civil “mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Catalunya”, sobre todo en la ciudad y en el área de influencia metropolitana de Barcelona.
A pesar de esto, el Ministerio del Interior se sacude las responsabilidades de una posible detención de Puigdemont en Barcelona y se escuda en “la competencia y las capacidades operativas de los Mossos d’Esquadra como policía integral en Catalunya en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa”, de acuerdo con el artículo 164 del Estatut d’Autonomia de Catalunya. El Ministerio del Interior esgrime que, por este motivo, la policía española y la Guardia Civil “no realizaron operativos paralelos para detener al expresident”.
No se contempló cerrar el espacio Schengen
Por otro lado, el documento recuerda que el artículo 67 del Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores, que “han de poder cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de personas, cualquiera que sea su nacionalidad”. Interior argumenta que estas limitaciones “dificultan” que cualquier dispositivo de control policial pueda “garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento”.
Además, el ministerio de Marlaska pone en relieve que solo se pueden restablecer de forma temporal los controles en las fronteras interiores por la “existencia de una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”. Sin embargo, se trata de una medida de “último recurso” que, según Interior, “no está prevista para supuestos” como el regreso de Puigdemont. Como ejemplo, recuerda que en España se restablecieron los controles en las fronteras interiores Schengen, de “forma excepcional”, durante la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022 o con motivo de la pandemia de Covid-19 en 2020.
“La detención de Puigdemont ha sido, es y será un objetivo operativo”
Asimismo, el Ministerio del Interior asegura que la detención de Puigdemont “ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio del Interior” e indica que está incluido en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales desde el 3 de noviembre de 2017, con las “sucesivas modificaciones” que ha habido. De esta forma, el pasado 11 de junio, cuando Llarena decidió mantener en vigor la orden de detención del expresident, se incluyó en el apartado de “órdenes de búsqueda” y se dio traslado a la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y los Mossos d’Esquadra, que son los “cuerpos policiales autonómicos en cuyo territorio hay frontera con Francia”.
Junts reprocha al Gobierno que quisiera detener a Puigdemont “en lugar de hacer frente a Llarena”
La reacción de Junts al informe del Ministerio del Interior ha llegado de forma inmediata por parte de Eduard Pujol. El nuevo portavoz juntaire en el Senado estaba participando en la comparecencia del ministro José Manuel Albares para exponer la postura del Gobierno sobre las elecciones en Venezuela y ha aprovechado los últimos minutos de su segunda intervención para referirse al intento de detener a Puigdemont. “¿Es cierto que ustedes, en lugar de hacer frente a Llarena, querían detener al president Puigdemont?”, le ha preguntado.
“¿El Gobierno, que dice defender los derechos fundamentales y dice estar con la democracia, ofreció la Guardia Civil y la Policía Nacional al Govern de Catalunya para detener al president Puigdemont? ¿A esto llaman diálogo?”, ha insistido. Y ha reprochado al ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que esta sea su forma de “defender la soberanía” del Congreso de los Diputados y de las leyes que allí se aprueban. “Ministro, no vamos bien, tendremos que hablar del Acuerdo de Bruselas”, ha advertido Eduard Pujol en relación con el pacto entre el PSOE y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.