Esquerra responde. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha enviado un escrito al juez Manuel García-Castellón, en el cual le pide que deje sin efecto la comisión rogatoria de su localización a las autoridades suizas, donde vive desde el 2018. ¿El motivo? La republicana se ha personado a la causa del caso Tsunami Democràtic con el abogado Iñigo Iruin, el cual pide al titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional que le facilite toda la información de esta investigación. El juez García-Castellón calificó a Marta Rovira de investigada por terrorismo en la causa de Tsunami, en una resolución del 6 de noviembre pasado, junto con 11 personas más y donde incluía al presidente en el exilio, Carles Puigdemont.
La magistrada sustituta natural de García-Castellón, María Tardón, ya ha respondido a Rovira que en el escrito "no aporta la dirección, domicilio o ubicación donde pueda ser localizada en Suiza" y pide a la Fiscalía su parecer sobre la petición de la republicana para que se deje su localización sin efecto, según una providencia de lunes y conocida este martes.
Petición directa
El penalista vasco Iñigo Iruin hace una petición corta y directa al juez García- Castellón. Indica que ha sabido por los medios de comunicación que el magistrado ha elevado a la categoría de investigada a Marta Rovira, y que el 21 de noviembre pasado acordó entregar a las autoridades suizas una petición de colaboración que "permitan la localización de la investigada". Y con el escrito, realiza el acto formal de personación en la causa, abierta el 2019 e instruida hasta hace pocos meses en secreto, y que comuniquen al letrado toda la información que surja del caso, así como el acceso a todas las diligencias realizadas hasta ahora. En el escrito, aporta, además, un poder notarial concedido por la republicana al abogado.
Referente al proceso de independencia de Catalunya, Iruin se ha hecho cargo del retorno y personación ante el juez del Procés, Pablo Llarena, de la exlíder de la CUP, Anna Gabriel, cuyo caso por desobediencia por el 1-O el Supremo lo derivó a juzgados de Barcelona y aún se desconoce donde ha recaído. Y también de la consellera republicana, Merixell Serret, condenada en un año de inhabilitación por desobediencia por el TSJC, que todavía no es firme.
El magistrado de la Audiencia Nacional levantó el secreto del caso Tsunami, el mayo pasado. Allí se descubrió que Suiza le había denegado la colaboración judicial en la búsqueda de una cuenta corriente, al considerar que la causa de Tsunami era un caso político.
Recursos bloqueados
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó recurso contra la resolución del juez García-Castellón de calificar la causa enmarcada en el delito de terrorismo, puesto que sostiene que los encausados impulsaron grandes manifestaciones, como la del aeropuerto del Prat y la Jonquera que desestabilizaron estructuras de estado. Además, el juez ha insistido en imputar la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto a los investigados, a pesar de que el juzgado de Hospitalet consideró que no era delito. La última queja de la Fiscalía es que ha exigido al juez que no bloquee los recursos y los eleve a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Por su parte, Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay y Carles Puigdemont, ha ironizado y criticado abiertamente que el magistrado de la Audiencia Nacional pida información a la OTAN por las protestas de Tsunami y ha alertado que se están malversando recursos públicos
Recusación pendiente
Y Benet Salellas, abogado del empresario Oriol Soler y del directivo de Òmnium Oleguer Serra, ha promovido la recusación de García-Castellón al afirmar que ha perdido la imparcialidad por haber opinado sobre la amnistía. Además, ha denunciado que el juez ha tramitado de forma ilegal la recusación al resolverla él mismo y rechazarla y no un magistrado de la Audiencia o el juez que hace de refuerzo en el juzgado
Es un final de carrera frenético del magistrado García-Castellón, que dejará de ejercer como juez entre el verano y el próximo octubre, cuando cumple 72 años, edad límite por ley para ejercer de juez.