Marta Vilaret (l'Hospitalet de Llobregat, 1980) forma parte del equipo negociador de Esquerra Republicana para la ley de amnistía. En los últimos meses —y sobre todo semanas— su registro de llamadas se ha llenado de números de expertos juristas, de la dirección de su partido, de miembros de Junts y del PSOE y el Gobierno. Atiende a ElNacional.cat después de que su partido haya pactado con Junts y PSOE enmiendas transaccionales que aplican una capa de blindaje extra a Tsunami y CDR, pero también después de que el juez Manuel García-Castellón haya desafiado a estos tres partidos señalando que en Urquinaona se pudieron vulnerar los derechos humanos. En esta entrevista con este periódico, Vilaret explica cómo afronta ERC la recta final de la negociación; opina que, después de las nuevas informaciones aparecidas sobre la Operación Catalunya, ni Mariano Rajoy, ni Jorge Fernández Díaz ni José Manuel Villarejo tendrían que poder beneficiarse de la ley de amnistía; y reconoce que es complicado tener "certezas" en torno a esta norma.
¿Se puede decir que ha habido coordinación con Junts en la elaboración de la ley de amnistía?
Ha habido coordinación, porque los objetivos son los mismos. No solo se quiere abarcar a los represaliados por el 9-N y el 1-O, sino cualquier acto en favor de la independencia que se ha criminalizado. También ha sido un objetivo compartido que la ley tenga la máxima robustez jurídica posible. Tiene que pasar todos los filtros: desde el Tribunal Constitucional en el TJUE.
El 30 de enero es una fecha límite. El Congreso celebrará un Pleno para debatir y votar la ley de amnistía, con las enmiendas transaccionales pactadas entre PSOE, ERC y Junts y las que todavía quedan vivas por parte de las dos formaciones independentistas. Tienen hasta entonces para negociar con los socialistas. Pero nada indica que la justicia española pare su embate una vez el texto —sea cual sea— se dirija al Senado. ¿Se plantean modificar la ley a posteriori?
No. Todas las leyes son susceptibles de ser modificadas a posteriori, pero no es la manera de legislar ir a golpe de reacción de la última grosería de un juez que pretenda estar por encima del poder legislativo. Aquello que tiene que figurar en la ley son hechos, y los hechos seguirán siendo siempre los mismos. Nos encontramos en un lugar donde hay personas instruidas por terrorismo pero no ha habido terrorismo. Hay cosas que algún juez intentará defender en fase de instrucción y después no llegarán a ningún sitio. Los asesinatos que no se han producido no se producirán más tarde, por muchas ganas de boicot que tengan. La ley tiene que arreglar una parte de la represión que ha generado un conflicto político que continúa vigente. Y la resolución del conflicto sigue siendo la misma que en 2017: un referéndum. Pero nosotros no retorceremos el derecho para que nos dé la razón, sino hacer una ley sólida por volver a la política aquello que no se resolverá nunca con represión.
Sea como sea, García-Castellón sigue haciendo de las suyas. Y nos encontramos en el tiempo de descuento para ampliar la ley. ¿Tenéis esperanza de conseguir convencer al PSOE este fin de semana de ampliar la amnistía y sacar del texto la excepción de terrorismo?
Hasta el martes no cerramos ninguna puerta. Pero no es tan sencillo, porque ni eliminando la excepción de terrorismo tenemos certezas absolutas. Para poner un ejemplo: nosotros mantenemos una enmienda que elimina la excepción de terrorismo pero al mismo tiempo señala que no se amnistiarán las violaciones graves del artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Pero con este redactado, el gesto de este jueves de García-Castellón seguiría siendo un desafío. No jugaremos al gato y el ratón con ningún juez, porque no es riguroso ni serio, y lo único que demuestran estas actuaciones son la debilidad y la voluntad de actuación política de algunos magistrados.
¿La ley peligraría si ustedes jugaran a este juego del gato y el ratón? ¿Podría acabar siendo poco sólida?
Si nosotros fuéramos reaccionando siempre a sus movimientos, él haría lo mismo. Este señor hace todo eso por afán de protagonismo, con el fin de salir en la portada del ABC diciendo que resiste y de ser el Cid Campeador de la patria española. Es un personaje que se explica por él mismo, que quiere esquivar la amnistía de forma chapucera y evidente, porque reacciona solo 48 horas después del pacto en las enmiendas, y sin pruebas. Nosotros somos serios.
Ni eliminando la excepción de terrorismo tenemos certezas absolutas con la amnistía
¿A cuánta gente calcula ERC que beneficiará la ley de amnistía?
Es muy difícil de decir. Quien ha hecho un trabajo más exhaustivo en eso es Òmnium Cultural. No todo el mundo que tiene una causa de represión está organizado o forma parte de un colectivo, y eso dificulta cualquier recuento. Estamos hablando de centenares de personas, pero no querría precisar más.
Vayamos a casos prácticos. Pongamos por caso que la ley entra en el BOE el día 1 de abril. ¿Qué pasa a partir del día 2?
De primeras no notaremos ningún cambio en nuestras vidas. En primer lugar serán las defensas quienes pidan a la justicia que la persona procesada a quien defienden es susceptible de recibir la aplicación de la ley. Entonces el tribunal estudiará si aquellos hechos están dentro del ámbito de aplicación de la norma y, por lo tanto, qué hechos son objeto de amnistía. Después nos podríamos encontrar con que un juez admite que se le tendría que aplicar la ley a una persona, pero manifiesta dudas sobre la constitucionalidad de la norma o el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea.
Y por eso se han repartido manuales para jueces con el fin de esquivar la norma.
Sí, ya se habla desde hace tiempo de que una de las formas de esquivar la ley sería a través de estas dos vías. Cuando el juez presenta cuestiones prejudiciales, se suspende el procedimiento. Por lo tanto, hay un momento en que se supone que no pasa nada. Y las preguntas a plantear tienen que ser concretas, no sobre la totalidad de la ley. Depende de qué preguntas, los efectos serán unos u otros. Entonces el TJUE podrá admitir o inadmitir.
Por eso también han pactado una enmienda transaccional con PSOE y Junts a fin de que no se puedan aplicar medidas cautelares contra el reo mientras se planteen las cuestiones prejudiciales.
Nuestra idea es que durante el periodo que se dilate la aplicación de la ley no se pueda alargar un castigo sobre unas personas con unas medidas cautelares. Pero es demasiado atrevido asegurar qué harán los tribunales al 100%.
La Operación Catalunya no es amnistiable
Qué se producirá antes: ¿el retorno de Carles Puigdemont y Marta Rovira o el levantamiento de la inhabilitación a Oriol Junqueras?
Hay tantas incógnitas y cosas que resolver que es difícil de decir. No me atrevo a afirmar nada al respecto; forma parte del margen de maniobra que tienen los jueces. La decisión de marcharse al exilio, igual que la de regresar, es muy personal. Hay muchos factores en juego, y uno de ellos es la evaluación de un riesgo. Y eso es una cosa que a veces es objetiva y a veces no lo es. Y la evaluación del riesgo es una cosa muy delicada. Quien diga que sabe cuándo volverán Puigdemont y Rovira... lo pondré en duda.
ERC mantiene viva una enmienda que reclama eliminar el "umbral mínimo de gravedad" en la exclusión de los actos tipificados como "delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes". ¿Qué implica este retoque?
En esta enmienda nos apoyamos en un informe de Amnistía Internacional en el que se explica que las actuaciones policiales se pueden considerar degradantes. De hecho, una causa que se instruye en Barcelona con policías del 1-O es por tratos degradantes.
¿Si bien tal como está redactada la actual ley de amnistía podría beneficiar a policías españoles, qué pasa con todos los personajes que estaban tras la Operación Catalunya? ¿También podrían acogerse a esta ley de amnistía?
Eso nos preocupa... Entendemos que la ley de amnistía pueda tener un punto de simetría, pero estamos hablando de unas actuaciones que no son amnistiables porque van más allá de una intencionalidad política legítima. El redactado actual habla de actuaciones policiales. Y en la Operación Catalunya hablamos de ministros, de cargos públicos, intervenciones de presidentes del gobierno que no son cuerpos policiales. Y por lo tanto toda esta gente no cabría... El juez quizás tendrá que decidir si todo es una actuación policial o no. Pero eso no es una intervención policial, sino una intervención mafiosa. Villarejo no actúa como policía cuando hace chantajes o paga informes falsos.
¿Pero sí que nos podríamos encontrar con un juez que hiciera una interpretación retorcida del texto con el fin de amnistiar a estas personas?
Lo tendría que argumentar, sí. Pero en todo caso sería para policías, no para los políticos que lo ordenaron. Ahora bien, igual que no tengo certezas por una parte, tampoco puedo tener de la otra.
Descartamos jugar al gato y el ratón con García-Castellón
Junts intenta introducir una enmienda para amnistiar también a los damnificados por "operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre que no hayan comportado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito". ¿Por qué no votan a favor?
La ley tiene que ser clara. Como más amplia y menos específica sea, más débil será. Porque tiene que ser muy clara sobre quién tiene derecho a ser amnistiado y quién no. Y para nosotros la línea siempre ha estado clara: causas relacionadas con el Procés. Una ley de amnistía no puede querer decir impunidad para los independentistas para hacer lo que quieran cuando quieran. Corrupción, cero.
¿Así, tras esta enmienda de Junts, ve el nombre de la presidenta del partido? Se trata de una enmienda que ha generado múltiples interpretaciones en múltiples medios: hay quien cree que hace referencia a Josep Lluís Alay, a Laura Borràs, a la familia Pujol... ¿A quién creen ustedes que se refiere?
Eso se tendría que preguntar a quien propone la enmienda, y no a nosotros.
Pero ustedes votan en contra. Y eso quiere decir que ustedes le dan un significado; hay un motivo detrás.
Nosotros siempre hemos dicho que los casos de Josep Lluís Alay y Miquel Buch entran dentro del ámbito objetivo de la ley. Ahora bien, mezclar causas... no ayuda. Eso no quiere decir que nosotros no veamos que en este Estado se practica el lawfare. Pero si hay realmente alguien que ha cometido delitos al margen del procés independentista que no tienen nada que ver con el procés... se tiene que perseguir la prevaricación política.