Este jueves se prevé que el exministro Rodolfo Martín Villa, miembro del régimen falangista y posteriormente del partido UCD, declare ante la jueza argentina María Servini de Cubría, encargada de la querella contra los crímenes del franquismo. La declaración la hará en el consulado de Argentina en Madrid a través de videoconferencia y la defensa trabaja en una premisa principal: durante la Transición no existió ningún tipo de genocidio.
Este será su argumentario: "Trato de defenderme pero sobre todo defender que la Transición ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente y es imposible que existiera un genocidio". Y añade: "Esta época supuso esencialmente la reconciliación entre los españoles, incompatible con el plan sistemático generalizado deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la reforma representativa del gobierno a través de la eliminación física de los más representativos exponentes suyos de los que habla la querella".
Repasando la historia en diagonal de aquella época hay ejemplos que lo contradicen. El 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís en Gasteiz (Vitoria), la policía lanzó gases lacrimógenos y hubo golpes de la policía a unos asamblearios que se reunían después de una huelga laboral. Fuera, se oyeron golpes, pero también tiros que acabaron con la vida de cinco personas: Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar, Pedro María Martínez, José Castillo y Bienvenido Pereda. Las reacciones en forma de protesta también acabaron con dos muertos más: Juan Gabriel Rodrigo Knafo en Tarragona y Vicente Antón Ferero en Basauri (Vizcaya). Y un centenar de personas recibieron heridas de bala.
A pesar de las evidencias, Martín Villa cuenta con el apoyo de todos los expresidentes de la democracia moderna española: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y de otras personalidades como los dos únicos padres de la Constitución que todavía están vivos: Miquel Roca y Miguel Herrero. La defensa es transversal ideológicamente y también entre clases sociales. De hecho, cuatro exsecretarios generales de la UGT y CCOO también han firmado el escrito: Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez y José María Fidalgo. En el caso de la UGT, como formación, la dirección actual se ha desmarcado de las posiciones de sus exsecretarios.
En el lado opuesto, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) considera que estos apoyos son un intento "grotesco de ejercitar presión política sobre la jueza, inaceptable desde cualquier punto de vista jurídico y penal". Y recuerdan cómo la justicia española no ha puesto facilidades para tramitar esta querella ni tampoco las investigaciones policiales que acrediten todos los hechos. Mañana, el franquismo será investigado al otro lado del océano Atlántico.