El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que la condena del Tribunal de Cuentas que le obliga a pagar 4'9 millones de euros, junto con el resto de sus consellers juzgados, por la organización del 9-N es uno "venganza" y una "aberración". En una comparecencia pública este martes por la mañana, Mas ha tachado el tribunal de "Tribunal de Ajuste de Cuentas" y de estar al servicio del Partido Popular, ya que la magistrada que ha dictado la sentencia es una exministra de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante.
A pesar de todo, el expresidente ha defendido que la sentencia les hace "daño, pero no los hace miedo" y ha advertido que no piensan "desfallecer". Así, Mas ha defendido que la consulta del 9-N no fue uno "pecado ni un delito" y ha asegurado que fue un "buen servicio a la democracia y a Catalunya", por lo que ha dicho que lo volveríamos a hacer. "Nuestro pecado ha sido escuchar a la gente y servir la democracia", ha añadido.
Mas también ha defendido que afrontarán la sentencia con "firmeza y serenidad" y no con "resignación y desfallecimiento". "Si se piensan que nos desmoralizaremos o hundiremos van muy equivocados", ha afirmado. La sentencia no es firme y se puede recurrir en la Sala de Justicia del mismo tribunal y, como última instancia, ante la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Supremo. De hecho, los acusados ya han anunciado que la recurrirán.
Por otra parte, el expresidente ha asegurado que "desde el punto de vista jurídico la sentencia es un abuso total" y que se han hecho simplemente para castigarlos. Según Mas, la magistrada "ha forzado todas las costuras del Estado de Derecho" y "se ha saltado a la torera las normas sólo para castigarnos". El expresidente ha querido recordar también los presos y exiliados y ha asegurado que el Estado está intentando hacer una "destrucción personal" de los líderes del proceso a modo de "persecución y venganza". Sin embargo, ha defendido que "estamos dispuestos a seguir luchando y defendernos", y se ha puesto al servicio del Govern para continuar el proceso.
Condena por la compra de ordenadores
En la comparecencia, que ha tenido lugar en el Palau Robert, Mas ha salido acompañado de la exvicepresidenta Joana Ortega y de los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos condenados por el Tribunal de Cuentas. También han estado presentes los representantes de Junts per Catalunya Eduard Pujol y Eusebi Campdepadrós, así como David Bonvehí, del PDeCAT.
Por su parte, Rigau ha explicado que gran parte de la multa impuesta es por la compra de los ordenadores que se utilizaron durante la consulta del 9-N, y ha recordado que estos 7.000 ordenadores se están utilizando en estos momentos en los centros educativos catalanes. La exconsellera de Ensenyament ha defendido que la compra de estos aparatos se hizo correctament, por lo que ha considerado que el tribunal valora "una oportunidad política" y ha asegurado que la magistrada "no ha podido demostrar que era una política pública necesaria". "Todas las comunidades de España compran tecnologías", ha recordado.
Finalmente, la exvicepresidenta Ortega ha recordado que detrás de la denuncia en el Tribunal de Cuentas hay Sociedad Civil Catalana igual que en el caso del 1-O está la ultraderechista Vox, mientras que Homs se ha encargado de explicar que recurrirán la sentencia.
Mas, Ortega y Rigau ya fueron juzgados y condenados por el TSJC, mientras que Homs lo fue por el Supremo, y en ninguno de los dos casos se llegó a juzgar el delito de malversación porque el juez instructor de la causa consideró que no había. Así, fueron juzgados por el 9-N sólo por desobediencia y consecuentemente inhabilitados. Por eso, los cuatro condenados critican la actuación del Tribunal de Cuentas y reprochan que actúe sin que la Generalitat haya reclamado el dinero como damnificada.