Dispersión total. La investigación del espionaje al independentismo catalán con el software Pegasus, finalmente, será analizado en cinco juzgados diferentes de Barcelona, cifra que se podría ampliar si se presentan más denuncias. La querella presentada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por el espionaje sufrido por cinco de sus líderes y miembros, será analizada por la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona, después de que el juez de instrucción 32 de Barcelona, que era el primero que tenía abierta una causa por el espionaje en el 2020, también la ha rechazado, según ha confirmado este miércoles fuentes jurídicas de la entidad independentista a ElNacional.cat. Así, pues, no habrá macrocausa para descoyuntar el CatalanGate, como defendieron los abogados de las entidades independentistas, tanto por la conexidad de los hechos como para agilizar medidas. Solo en los trámites para resolver la competencia para saber quién investiga el CatalanGate ya se han perdido dos meses, ya que las querellas se presentaron a principios de mayo.
Los cinco juzgados de Barcelona que instruirán si ha habido un delito contra la intimidad de independentistas catalanes son: el juzgado de instrucción 21 para tres querellantes de Òmnium Cultural; el juzgado de instrucción 22 por la querella de tres miembros de la CUP; el juzgado de instrucción 24, para tres cargos de ERC (en este juzgado han recaído las dos últimas querellas de Esquerra: la primera de Diana Riba y Josep Maria Jové, y la segunda de Jordi Solé); el juzgado de instrucción 19, los cinco querellantes de la ANC, y finalmente el juzgado de instrucción 32 que tiene la primera querella del entonces presidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y del exdiputado y concejal de ERC Ernest Maragall, que la archivó provisionalmente a la espera de resultados.
Primeras actuaciones
Òmnium Cultural informó el lunes de que el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona había admitido a trámite la querella presentada por el abogado Benet Salellas en nombre de los tres afectados: el exvicepresidente Marcel Mauri, la jurista Elena Jiménez, y Txell Bonet, periodista y pareja del expresidente Jordi Cuixart. El juez Ignacio Sánchez, siguiendo la opinión del fiscal, ha limitado la primera actuación a comprobar si sufrieron una infección en sus teléfonos móviles, con la sustracción de información, o si hay rastros de esta intromisión, y si se confirma, intentar descubrir a los autores.
Desde la entidad cultural, que preside Xavier Antich, ya se ha adelantado que presentará recurso contra esta resolución, en la cual se descarta investigar a la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, aduciendo que es de Israel y el juzgado no tiene jurisdicción para actuar contra ella, aunque tenga una sede en Luxemburgo. Con respecto a NSO, Salellas pidió al juez que solicitara poder participar en la comisión rogatoria que ha aprobado el juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje al presidente del Gobierno para interrogar como testigo a un responsable de la empresa, además de compartir la información que se instruya.
El juez Ignacio Sánchez, en la resolución del 13 de junio pasado, también aseguraba que "no hay ninguna base legal para atribuir la intervención de agencias gubernamentales dependientes del Estado español" en el CatalanGate. No obstante, desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se admitió haber controlado a 18 personas, entre ellas al presidente Pere Aragonès. Por eso, el juez acuerda que para investigar una posible conculcación del derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de los querellantes, les pide los móviles y los informes periciales realizados por Citizen Lab que certifican que fueron infectados con Pegasus.
Habrá que ver si el resto de jueces y juezas siguen esta línea o son más atrevidos.