El gobierno de Carlos Mazón sigue en el punto de mira por la deficiente gestión de la DANA, que ya ha dejado, al menos, 211 víctimas mortales en el País Valencià. El comisario de la Policía Local de Xàtiva y exmiembro del comité de coordinación de policías locales del País Valencià, Antonio Justo, ha contado a elDiario.es que el gobierno valenciano incumplió la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, y el Plan Especial de Riesgo de Inundaciones. Ambos documentos especifican varios puntos cuyo cumplimiento estaría en duda, según los datos que se saben hasta el momento sobre la gestión de la catástrofe por parte del Centro de Coordinación de Emergencias, que depende de la Conselleria de Justicia. El comisario apunta a la falta de creación —dentro del plazo y la forma establecidos— de las cinco unidades básicas que prevé el Plan de Riesgo de Inundaciones, que son las de intervención, seguridad, sanitaria, albergue y asistencia y apoyo.
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Incumplimientos de la normativa
Según explica Justo —también afectado por el paso de la DANA—, cada unidad básica tiene un jefe, que forma parte del comité asesor que sigue la evolución de la emergencia una vez que se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). En este sentido, detalla que el lunes 28 de octubre (un día antes de la tragedia) "ya teníamos información de lo que venía" y añade que el martes 29 a las 7.30 horas "la AEMET elevó el aviso a nivel rojo por lluvias torrenciales que empezaron a crecer". El comisario ha defendido que el Cecopi debería haberse convocado a las 8.00 horas, pero no se reunió hasta las 17.00 horas. Con las alertas de las que disponía el gobierno valenciano, deberían haber cortado la circulación "y evitar que la gente acudiera a los centros escolares y de trabajo". El comisario destaca el incumplimiento de las dos normativas. En primer lugar, apunta a que los "bomberos forestales, que son una unidad de emergencia que depende de la Generalitat, con 400 efectivos y 40 autobombas de agotamiento, hizo una jornada normal, como cualquier otro día". Y, en segundo lugar, apunta a la actuación de la policía local, que estaba en la formación en el Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), ante el aviso de AEMET, y al ser expertos "pidieron la suspensión de las clases y se les denegó. Y tuvieron que asistir tanto por la mañana como por la tarde".
Los artículos 59 y 60 de la Ley de Protección Civil señalan que "la conselleria competente en materia de protección civil y gestión de emergencias podrá encomendar la gestión ordinaria y extraordinaria de la Unidad de Brigadas de Emergencia a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) de carácter provincial, que contarán con personal especializado", y entre sus funciones destaca "la intervención en situaciones de emergencia de origen meteorológico, como nevadas, inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos meteorológicos adversos". En paralelo, el plan especial de Riesgo de Inundaciones, con respecto al seguimiento de los caudales, señala que el Centro de Coordinación de Emergencia debe mantener informados a los ayuntamientos de las zonas afectadas, y también pueden adoptar sus propias medidas de prevención de carácter municipal. Según apunta elDiario.es, los ayuntamientos de Aldaia, Sedaví, Paiporta o Algemesí han afirmado que no recibieron ninguna información por parte de Emergencias de la Generalitat.
Dos versiones de la gestión de la DANA
Sobre estas acusaciones, fuentes de Emergencias aseguran que el plan especial de inundaciones "está totalmente desplegado desde el primer momento, y con las unidades básicas constituidas por el personal operativo que integra cada una de las distintas áreas: desde bomberos, policías, sanitarios o bienestar social". Sin embargo, el comisario asegura que "no se requirió a los bomberos forestales". En relación con la Ley de Protección Civil, el artículo 4 establece que los ciudadanos tienen derecho a estar informados "sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarlos y sobre las actuaciones previstas para hacerles frente" y además también se señala el derecho a "recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir". Sin embargo, la única alerta que llegó a los móviles de los vecinos de las zonas afectadas fue a las 20.12 horas, cuando ya se habían producido las primeras inundaciones.
El artículo 12 de la misma norma apunta a que es responsabilidad de la conselleria competente "en materia de protección civil y gestión de emergencias", que en el País Valencià recae en manos de Salomé Pradas, "ejercer el Mando Único de la emergencia" para determinar, entre otras cosas, "las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y para el personal de los servicios de intervención". Sin embargo, ante la ausencia de Mazón, y según apuntan varias fuentes, Pradas se vio superada por la situación y no supo actuar, tal como se evidenció durante la reunión de emergencia que se celebró horas antes de la tragedia.