Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos del Partido Popular (PP) para cubrir las cuatro plazas vacantes al Tribunal Constitucional (TC), acumula un extenso currículum junto de irregularidades. La última que ha salido a la luz es que durante un año compaginó su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones del Congreso con el trabajo de su despacho privado con la que hacía de asesor a varias administraciones lideradas por los populares, concretamente, al gobierno balear de Jaume Matas, según publica El País.
Según el Estatuto del personal de las Cortes Generales este tipo de compaginación entre las tareas en el órgano público y el privado no está permitido. Específicamente se recoge en el artículo 62.K del mencionado estatuto.
Arnaldo superó el primero de los obstáculos que lo separan del cargo para el cual lo ha propuesto el PP, la comisión de nombramiento del Congreso. Ahora bien, desde entonces han ido saliendo más trapos sucios del letrado, un hecho que le puede jugar una mala pasada el próximo jueves, cuando el pleno del Congreso tiene programada la votación individual, telemática y secreta de los cuatro aspirantes pactados entre el PSOE y los populares.
Más sueldos simultáneos, más irregularidades
El candidato al Constitucional del PP infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años con el fin de poder cobrar de dos universidades, una pública y la otra privada. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, que podría comportar la suspensión de trabajo y sueldo públicos entre tres y seis años.
La ley universitaria recoge desde el 2007 que un funcionario docente en un centro público no puede impartir clases en un centro privado. Cuando se aprobó la normativa, el candidato al TC era profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos y llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada adscrita a la Universidad Complutense.
Teóricamente, el año 2011 tendría que haber decidido si quedarse en un centro o en otro, pero no lo hizo. Arnaldo siguió vinculado a los dos centros universitarios hasta el curso 204-2015. Ante estos hechos el letrado se ha limitado a alegar que no tenía conciencia de haber incumplido la ley y que siguió dando clases en los dos centros a petición de los que, en el momento, eran director y rector del centro Cardenal Cisneros y la Universidad Rey Juan Carlos, respectivamente.