La retirada de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Pla de la basílica de la Macarena ha marcado un hito en la aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, pero en España todavía hay más de mil fosas comunes con víctimas de la guerra y el franquismo pendientes de exhumación. La Ley de Memoria Democrática, que acaba de entrar en vigor, prevé el traslado de restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 que ocupen un lugar "preeminente de acceso público diferente de un cementerio", para evitar actos de enaltecimiento.
La normativa apela a casos como el de Queipo de Llano, cuyos restos se acaban de exhumar de la basílica de la Macarena; del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos familiares ya han iniciado los trámites para retirar sus restos del Valle de los Caídos, así como del general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, que permanecen enterrados al Alcázar de Toledo. Pero más allá de todas estas exhumaciones, con un marcado carácter simbólico, la nueva Ley de Memoria Democrática pretende dar un impulso en busca de cerca de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, al encomendar esta tarea expresamente al Estado.
Una de las claves para conseguirlo es la exhumación de los cadáveres enterrados en las fosas comunes que hay repartidas por toda España, una tarea en que los familiares de las víctimas piden más implicación al Gobierno. Tiene que poner los recursos para investigar bien las identidades de las personas que están en las fosas porque hasta ahora ha primado el número de fosas que se suman sobre las investigaciones para saber quiénes están. Y sobre todo, el Gobierno tiene que atender a las familias porque no tienen un lugar donde asistir para pedir ayuda", denuncia a Efe al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.
Más de 1.000 fosas
Actualmente, el Gobierno tiene constancia de la existencia de un total de 2.615 fosas, según el buscador publicado a la página web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Corts y Memoria Democrática. La mayoría están ubicadas en Aragón (598), Andalucía (546) y Asturias (381).
La cifra, que procede de los datos que proporcionan fundamentalmente las comunidades autónomas al Gobierno, está en actualización continua, según explican a Efe fuentes del Ministerio. En concreto, 531 de estas 2.615 fosas han estado ya exhumadas total o parcialmente, mientras que 259 más se han dado por desaparecidas al no conseguir encontrar su ubicación, a pesar de contar con documentación o testigos|testimonios fehacientes que prueban su existencia.
Además, varias decenas de fosas están localizadas y ya han sido reconocidas y "dignificadas" con elementos como paneles explicativos o placas, pero no está previsto hacer ninguna tarea de exhumación al no haber una petición expresa de los familiares. "Hay fosas en muchos lugares, en casi todos los pueblos de España, pero hay casos que no están reclamados", explican estas fuentes del Ministerio, que citan como ejemplo las fosas ubicadas en los cementerios de la Barranca (Lardero, La Rioja) y San Salvador (Oviedo, Asturias). Donde el Gobierno tiene previsto emprender tareas de exhumación, sin duda está en las fosas definidas como "no intervenidas", que actualmente son 1.049.
Para emprender estos trabajos de exhumación y continuar con los que ya están en marcha, el Gobierno cuenta con 6,3 millones de euros del total de 14 millones previstos a los presupuestos del 2023 para desarrollar la Ley de Memoria Democrática. El objetivo es localizar alrededor de 1.200 cuerpos y exhumar 1.000 a lo largo del próximo año, según consta en la descripción del programa de los presupuestos del 2023 dedicado a Memoria Democrática.