El Tribunal de Cuentas ha citado a declarar este miércoles el expresidente de la Generalitat Artur Mas al juicio por la supuesta utilización de fondo públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. También tendrán que comparecer la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconseller de Presidencia Francesc Homs y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. Los cuatro ya fueron juzgados por la consulta del 9-N. Mas, Ortega y Rigau, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y Francesc Homs en el Tribunal Supremo porque en aquel momento era diputado en Madrid.

Los dos tribunales los condenaron por desobediencia y los inhabilitaba para ejercer la política. 2 años en Artur Mas, Joana Ortega por 1 año y 9 meses y Irene Rigau por 1 año y 6 meses. Además los condenaron a una multa económica: Mas de 36.000 euros, Ortega de 30.000 y Rigau de 24.000 euros. El TSJC absolvió Mas, Ortega y Rigau del delito de prevaricación

En Francesc Homs el Tribunal Supremo lo condenó a un año y un mes de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno, por el 9-N. Homs también tendrá que pagar una multa de 30.000 euros.

En ningun de los dos casos, finalmente, se juzgó el delito de malversación de fondos público.

El interrogatorio de hoy en el Tribunal de Cuentas, en Madrid, que está previsto que empiece a las 10.00 horas, se hace a petición de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución y de la Abogacía del Estado. Fuentes del Tribunal de Cuentas explican que la citación no es a iniciativa del órgano fiscalizador, ya que su procedimiento no funciona como los penales, sino como los civiles y, por lo tanto, serán los abogados de los demandantes los que pregunten en Mas y sus exconsellers.

El Tribunal de Cuentas les reclama 5.200.000 euros porque, supuestamente, pagaron con dinero público la organización del proceso participativo de 2014. Antes del juicio, ya han tenido que depositar dinero como fianza, una parte, sueño propiedades, inmuebles, como aval. Son un piso de Mas en la calle Tuset de Barcelona, la mitad de un inmueble d'Homs en Taradell (Osona), fincas de Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Freser (Ripollès) y también una propiedad del exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana.

El expresidente Mas y tres exaltos cargos más de su Gobierno tendrán que comparecer en el Tribunal de Cuentas para dar explicaciones sobre como se pagó el 9-N. Este organismo se encarga de determinar la responsabilidad contable de aquellos que tienen acceso a bienes públicos y actúa a instancias de una denuncia hecha por Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes.

Dos días de juicio

Estas últimas semanas, se han celebrado vistas públicas para aportar prueba y para avanzar en la instrucción del caso. El juicio supone el último trámite antes de la sentencia, que se podrá recurrir delante de la sala de justicia del mismo tribunal y también en casación ante el Tribunal Supremo.

Será dos días de vista. Miércoles y jueves. Los acusados comparecen este miércoles.

Aparte de la declaración de Mas y los exconsellers, también hará falta que todas las partes hagan públicas sus conclusiones. Será el momento de conocer si se modifica (al alza o a la baja) la cantidad que se les reclama. La encargada de redactar la sentencia es la consellera del departamento segundo, la exministra de Justicia del primer gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante, que también fue la encargada de nombrar a un delegado instructor en esta causa.

Si hay condena y cuándo esta sea firme, el dinero que hasta ahora se ha depositado como fianza se reingresaría en la cuenta de la administración afectada por la malversación, es decir, a la misma Generalitat. El pago sería solidario entre todos los condenados. El dinero está retenido en la cuenta de consignaciones, que depende del Ministerio de Justicia. Y con respecto a los inmuebles se trata de un embargo provisional hasta que el procedimiento acabe y haya sentencia firme pero los propietarios pueden seguir disponiendo.

El origen del caso

En septiembre de 2017, el Tribunal de Cuentas comunicó a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs y Irene Rigau, y otros excargos del Gover, que tenían que pagar una fianza de más de 5 millones de euros. Son el dinero público que el tribunal calcula que se destinó a la preparación de la consulta del 9-N de 2014. El caso arranca por una denuncia de Sociedad Civil Catalana y la Asociación de abogados catalanes, a la cual se adhirió la Fiscalía.

Aparte de ellos, el Tribunal de Cuentas también amplía la reclamación a otros excargos del Gobierno de Mas. Concretamente, el exsecretario general de la Presidencia Jordi Vilajoana, el director general de Difusión, Ignasi Genovès, la directora de Servicios del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Josefina Valls, el subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa, Lluís Bertran, la interventora del Departamento de Enseñanza Carolina Pardo, y el director general de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Catalunya (EADOP), Jaume Domingo y también Jordi Serra.