El senador de JxCat Josep Maria Matamala, persona del círculo de más estrecha confianza de Carles Puigdemont, ha reclamado la intervención de la presidenta del Senado, María Pilar Llop, ante la información publicada en El Mundo que apuntaba que la Audiencia Nacional le estaría investigando y habría autorizado la intervención de su teléfono.

Matamala argumenta en una carta a la presidenta, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, que esta situación representaría una vulneración de su inmunidad y su aforamiento como senador. Por esta razón, pide a la responsable de la Cámara alta información sobre si ha habido algún tipo de comunicación judicial solicitando un suplicatorio contra él. En caso de que no haya sido así, la emplaza a dirigir un oficio al presidente de la Audiencia Nacional pidiendo información sobre si algún juez de este órgano mantiene algún tipo de procedimiento en su contra, por qué delito y con qué base legal.

Josep Matamala, entre Carles Puigdemont y Toni Comín, en Bruselas / ACN

En caso de que la información sea cierta, Matamala reclama a Llop que adopte las medidas oportunas para defender y garantizar la soberanía de la institución y su inmunidad y aforamiento como senador.

Todo ello, añade en el escrito, sin perjuicio que él mismo ejercite las acciones legales oportunas en caso de comprobar que esté siendo objeto de una investigación penal, que incluya escuchas telefónicas, por parte de un juez que no es competente y al margen de cualquier legalidad.

15 escuchas telefónicas

Según la información que publicó El Mundo bajo el título "Nuevo plan para la independencia de Puigdemont 'El Empecinado'", fuentes policiales investigan los preparativos en el entorno del president de una "nueva sedición-rebelión". Por esta razón, fuerzas de seguridad que no se concretan en el texto habrían presentado hasta 15 solicitudes de escuchas telefónicas contra personas del círculo más próximo a Puigdemont, entre las cuales el senador Matamala.

Eso querría decir, según subraya al senador a la carta, que se le estaría vulnerando su inmunidad y el aforamiento correspondiente a un miembro de la Cámara alta, recogido por la Constitución y el reglamento del Senado, y como consecuencia de ello se estaría perturbando el funcionamiento de la institución.