Primeras reacciones del Poder Judicial después de la aprobación definitiva de la ley de amnistía. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria, consideran que la ley “socava el Estado de derecho con degradación para el Poder Judicial y la separación de poderes”, según ha verbalizado la magistrada Pilar Astray, que forma parte del comité ejecutivo. En el otro extremo, Edmundo Rodríguez, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista, ha enmarcado la aprobación de la ley en la normalidad del funcionamiento democrático de un Estado de derecho, ya que se trata de una norma aprobada por el Parlamento que “hay que respetar”. Y ha recordado que si un juez tiene dudas de su encaje con la Constitución a la hora de aplicarla, podrá plantear la correspondiente cuestión ante el TC o ante el TJUE. “El sistema funcionará como con cualquier otra ley”, ha remachado.
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Quien también se ha pronunciado ha sido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con más asociados entre los jueces. Su portavoz, Sergio Oliva, considera que el texto de la norma es “perverso” porque “busca trasladar al Poder Judicial la decisión y la determinación de qué conductas son amnistiables” a través de una “narrativa intencionadamente confusa y ambigua” que será “susceptible de variadas interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas”. “En consecuencia, cuando alguna interpretación potencialmente válida se aparte de los intereses independentistas del momento, inmediatamente será tildada como prevaricadora”, lamenta.
En unas declaraciones remitidas a los medios, Sergio Oliva advierte que la ley de amnistía “crea inseguridad jurídica”, dado que, a su parecer, “no ofrece claridad, precisión y la taxatividad sobre lo que son delitos no amnistiables”. Además, lamenta “profundamente” que se hayan “desoído las críticas y las alertas de muchos juristas durante la tramitación parlamentaria”.
Asimismo, Oliva deja claro que los jueces tienen la “obligación de cumplir las leyes” y subraya que “la ley de amnistía ya forma parte del ordenamiento jurídico”. Sin embargo, añade que, dado que ya forma parte de un ordenamiento jurídico nacional y comunitario, los jueces podrán aplicarla directamente o “plantear cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, con los efectos pertinentes en el caso. “La verdad es que todas estas interpretaciones, todas estas decisiones, serán válidas y serán dentro de la normalidad democrática”, concluye.
“Dejen a los jueces que trabajen en paz y no hagan señalamientos”
Finalmente, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha argüido que la amnistía afecta al principio de igualdad e “invade las competencias del Poder Judicial”, ya que son los jueces los que deciden “quienes son condenados y absueltos”. Portillo considera que es “muy peligrosa la puerta que se abre” y lamenta que la norma “degrada el Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de la igualdad de todos ante la ley”. Finalmente, pide directamente a los políticos que “dejen a los jueces que trabajen en paz y no hagan señalamientos” a los que tengan que aplicar la norma.