Los tres partidos favorables a la autodeterminación de Catalunya –ERC, PDeCAT y En Comú Podem– han registrado junto a EH Bildu este miércoles en el Congreso de los Diputados una petición para que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, comparezca en la cámara baja para ofrecer explicaciones sobre la medida que ha tomado el Ministerio Público de obligar a los alcaldes catalanes –que sean favorables a poner locales a disposición del referéndum– a asistir a declarar, bajo amenaza de ser detenidos por las autoridades policiales si se niegan a hacerlo.

"Se intenta municipalizar el anti-referéndum" ha denunciado el diputado de los demócratas, Ferran Bel, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto con las otras formaciones, en alusión a la petición que la Fiscalía pretende dirigir a al menos 711 municipios que ya han firmado a favor de ponerse a disposición del Govern de la Generalitat. Bel ha cargado que se tenía la impresión que era "una medida más" que denotaría la "impotencia del Estado" y que no tenía en cuenta que detrás de los ediles había un número de ciudadanos que también ampararían la causa soberanista y que se sentían "amenazados" en consecuencia.

Así las cosas, el demócrata no ha querido anunciar qué haría en su caso personal como representante de Tortosa, pero ha afirmado que se había enterado de ella a través de los medios y una nota de prensa –como burlándose que esta sería la "nueva forma de comunicación" del Estado. Así y todo, ha equiparado la situación de "presión" en los consistorios independentistas con la denunciada por un grupo de constistorios del PSC. "Imaginen cómo nos podemos sentir nosotros" ha dicho. 

La representante de ERC, Esther Capella, ha denunciado también el asedio, precisamente el mismo día en que un alcalde republicano ha decidido dejar el cargo por motivos "personales" –que podrían denotar el temor a ser encausados por el Ministerio Público. "Votar no tiene nada delictivo", ha insistido, después de lamentar que a su parecer la Fiscalía estaría "puesta al dictado" del gobierno de Mariano Rajoy. Capella ha mantenido que la situación era "paradójica" y ha señalado una presunta falta de separación de poderes en España entre el ejecutivo y el judicial.

Pese a la tensión palpable, los portavoces de ambas formaciones independentistas han negado, preguntadas por El Nacional, que la ciudadanía catalana fuese a tolerar como respuesta una escalada de tensión en las calles, o cualquier enfrentamiento civil –ni por la orden de retirar urnas de Maza a los Mossos d'Esquadra, ni tampoco por la citación a los alcaldes, muchos de los cuales han triturado la correspondencia judicial. "Que se le quite de la cabeza a alguien si cree que con estas acciones conseguirá algún tipo de reacción, si lo buscan, no lo encontrarán" ha dicho Bel. Capella ha recordado que en cinco años de proceso soberanista y manifestaciones "no se había roto ni una papelera" y se actuaría ahora también de forma pacífica.

El representante de ECP, Jaume Moya, ha presentado la medida como un acto ofensivo para las instituciones catalanas, que ha indicado que defenderían frente al presunto envite. "Se crea un estado de excepción grave, dentro de una crisis territorial" ha denunciado. Moya, Bel y Capella también tendrán los dos votos de Bildu para secar la medida adelante, como ha manifestado la portavoz Marian Beitialarrangoitia. Sin embargo, queda a consideración del PSOE de Pedro Sánchez si finalmente Maza comparece, ya que sus votos son determinantes.