Carlos Mazón ha reaparecido 5 horas después para pedir la implicación directa del Gobierno, mediante la creación de cinco "grupos de respuesta inmediata" formados por consellers y ministros. Sin embargo, no ha hablado de su futuro al frente de la Generalitat Valenciana ni ha actualizado el balance de muertos y desaparecidos por la DANA en València —que la actualización de este sábado por la mañana ha elevado a 211. El president valenciano sí que ha asegurado que pidió al ejecutivo estatal la intervención del ejército "el mismo martes a las 15.00 horas".
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"Después de sucesivas y diarias peticiones, una vez garantizados y abiertos gran parte de los accesos, hay más de 7.000 militares en acción", ha señalado Mazón, en la comparecencia de este sábado por la tarde. Así, ha añadido que cada petición que ha hecho "ha sido apoyada y fundamentada" por el mando operativo de la emergencia. "Cada vez que haya nuevas necesidades, las seguiré exigiendo y espero que el Gobierno esté a la altura, como hasta ahora ha sido", ha apuntado.
Medidas urgentes para el realojo y reconstrucción de vivienda de afectados.
— Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 2, 2024
Asistencia social inmediata:
• Otorgamiento de subvenciones directas.
• Movilización total del parque público de vivienda estatal. pic.twitter.com/rwqrXRWzAg
Los grupos de respuesta Generalitat-Moncloa
Con respecto a los grupos de respuesta, el president ha explicado que estarán encabezados por diferentes consellers y que ha pedido la incorporación "inmediata" de siete ministros del Gobierno, así como del jefe del estado mayor de la Defensa. Los grupos abarcarán las áreas sanitaria, con el conseller de Sanidtat, Marciano Gómez, y la ministra de Sanidad, Mónica García; de infraestructuras, con los consellers de Infraestructura, Vicente Martínez, y de Agricultura, Miguel Barrachina, y el ministro de Transportes, Óscar Puente; de servicios sociales y vivienda, con las conselleres de Servicis Socials, Susana Camarero, y de Hisenda, Ruth Merino, y los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Vivienda, Isabel Rodríguez; de trabajo y empresa, con los consellers de Educació, José Antonio Rovira, y de Innovació, Núria Montes, y los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Economía, Carlos Cuerpo; y de interior, con la consellera de Interior, Salomé Pradas, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su objetivo es hacer planes de recuperación para ayudar a todas las personas afectadas y recuperar todos los daños originados por las inundaciones.
Grande-Marlaska ha comparecido justo después de Mazón y ha asegurado que la voluntad del Gobierno es constituir los grupos de trabajo, así como llevar a cabo las actuaciones "necesarias y precisas" para recuperar la normalidad "lo antes posible". Además, fuentes de La Moncloa han confirmado que los ministerios solicitados participarán en estos equipos, mediante ministros, secretarios de Estado u otros técnicos, según las necesidades. También ha señalado que el ejecutivo estatal ha transferido y continuará transfiriendo al País Valencià "todos" los recursos humanos, logísticos y económicos que requiera.
La intervención del Estado y críticas en las redes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado por la mañana el envío de 5.000 militares más al País Valencià y el despliegue de 5.000 policías. En la misma comparecencia, Sánchez ha explicado por qué el ejecutivo estatal no ha tomado el control de la situación, mediante —por ejemplo— la declaración del estado de alarma: "No se trata, ahora, que el Estado reemplace la administración autonómica, ahora hay que darle apoyo".
Sin embargo, la comparecencia de Mazón ha sido muy criticada en las redes sociales. Muchos usuarios han reprochado que el president de la Generalitat ha pedido sotmeter a ministros españoles bajo el mando de consellers, mientras que desde el PP solicitan que el Estado declare el estado de alarma y que sea el Gobierno quien se encargue de la gestión de la catástrofe. Así, han denunciado que el anuncio de Mazón forma parte de una estrategia de los populares para hundir la imagen del ejecutivo estatal.