El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está en el ojo del huracán desde que el pasado 29 de octubre una DANA arrasara casi un centenar de municipios y provocara 224 muertes. Precisamente, este sábado más de 25.000 personas participaron en la cuarta manifestación en València para reclamar la dimisión del presidente popular, aunque Mazón, no tiene ninguna intención de dejar el cargo. Ahora, según adelanta elDiario.es, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, en manos de Marciano Gómez, ha decidido ampliar el contrato de gestión logística del departamento de Sagunt adjudicado en 2023 a la empresa Kanbanlog SL, propiedad del empresario Miguel Sanfélix, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, soborno y blanqueo de capitales en el marco del caso Osvaldos, una presunta trama de cobro de comisiones en la sanidad pública valenciana durante los gobiernos autonómicos del PP. En el caso figura como principal procesado el exdirector gerente del Hospital Provincial de València, Sergio Blasco, y su tío, el exconseller del PP, Rafael Blasco, condenado por el desvío de los fondos de la cooperación.
Necesidades derivadas de la DANA
En 2023, el gobierno de Mazón adjudicó un contrato, por valor de 2,2 millones de euros, a esta empresa. Sin embargo, el pasado 23 de enero, la conselleria de Sanitat valenciana publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público una resolución que amplía el contrato por un importe total de 802.230 euros, alegando que la DANA ha "supuesto un incremento de la actividad asistencial" al departamento de Salut de Sagunt. En concreto, la resolución señala un aumento del 36% de los pacientes con diálisis derivados de otros departamentos y hasta un 20% de pacientes de atención primaria y externos "de la unidad de atención farmacéutica". "La reciente DANA evidencia la necesidad urgente de mejorar la gestión de trazabilidad, control de stock y seguimiento de caducidades en el Servicio de Farmacia Hospitalaria", y añade que las "limitaciones actuales" en este tipo de procesos "han derivado en problemas significativos que han afectado a la correcta gestión y distribución de medicamentos, especialmente en áreas sensibles como planta hospitalaria, centros de hemodiálisis y consultas externas".
Para ampliar el contrato, el gobierno de Mazón afirma que a raíz de la DANA "han ocurrido circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" en comparación con el momento en el que se adjudicó la licitación del contrato. Sin embargo, el departamento autonómico de Sanidad hace referencia al "incremento poblacional" del departamento de salud y de la riada que "ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar nuevas prestaciones", entre ellas, el control de stocks y de caducidades por la trazabilidad integral de los productos farmacéuticos, utilizando un nuevo software, así como la incorporación de un sistema de almacenamiento automatizado y refrigerado. El departamento de Salut de Sagunt denuncia que la sobrecarga de trabajo a consecuencia de la DANA "resulta inasumible". La riada ha comportado la derivación de pacientes que necesita "trazabilidad y gestión" a través del sistema de gestión logística "automatizada por la empresa contratista". También solicita ayuda para la farmacia de pacientes externos de otros departamentos, que han trasladado su domicilio a Sagunt.
Un empresario investigado
La empresa de Miguel Sanfélix es de primera línea en el ámbito sanitario valenciano, y recientemente ha conseguido otros contratos públicos de la Generalitat. En concreto, uno en el mes de diciembre por el servicio de mantenimiento integral del equipamiento de automatización logística instalado en el almacén general de suministros del Hospital de La Vila Joiosa, por un importe de 111.320 euros. El segundo es de hace solo dos semanas, con dos contratos menores en Alcoi.
La Fiscalía acusa al empresario de tener un "papel muy relevante" en la creación "del entramado societario" de una presunta red de corrupción para desviar dinero en su beneficio, y también de Sergio Blasco, "sus familiares y el resto de acusados" y cifra en 275.623 euros las comisiones que supuestamente se quedaron. La Fiscalía señalaba en su escrito que el empresario utilizó su red de sociedades para cobrar las comisiones de otros adjudicatarios y de firmas subcontratadas, para beneficiarse económicamente "de manera ilícita". Además, según apunta el digital, en el portal de transparencia GVA Oberta, consta que el conseller Marciano Gómez, actualmente tiene una participación de 1,9 millones de euros en Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, que hizo pagos sospechosos en esta presunta trama. El juez consideró que los pagos se hicieron "sin ninguna justificación".