Agentes de la policía española y de la Guardia Civil, que vejaron a votantes el 1-O de 2017, siguen siendo los más beneficiarios de la ley de amnistía, cuando ya se ha cumplido el medio año de su entrada en vigor, el 11 de junio pasado. La formación Alerta Solidaria, que defiende al grueso de activistas independentistas, ha informado este lunes de que, según sus datos, se han concedido 193 amnistías, 96 de las cuales a agentes de cuerpos de seguridad, hecho que representan el 49% del total. Por el contrario, la norma del olvido penal se ha hecho efectiva para 84 manifestantes y activistas y para 13 políticos y cargos públicos. "Facilitar la amnistía a los policías es coherente con la lógica de fiscales y jueces de oponerse a su persecución y condena", ha denunciado Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidaria.
Todo y este resultado, la Audiencia de Barcelona tiene que resolver si ratifica la amnistía concedida a la mayoría de policías investigados por haber pegado a votantes en la ciudad o la tumba, tal como exigen las acusaciones populares de Òmnium Cultural, la Asamblea e Irídia.
Amnistías denegadas
En el recuento, Alerta Solidaria añade que "la policía no ha obtenido ningún no en sus demandas de amnistía". Por el contrario, 28 manifestantes y 23 políticos sí que han visto cómo se les ha vetado la aplicación de la ley del olvido penal. La negativa más flagrante es la de la sala de lo penal del Tribunal Supremo al asegurar que no aplica la amnistía a los exconsellers condenados por el 1-O aduciendo que se enriquecieron con el referéndum y, por lo tanto, no los puede perdonar el delito de malversación por el cual fueron condenados Jordi Turull, Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva. El mismo argumento utiliza al juez Pablo Llarena, instructor del 1-O, para no amnistiar al president en el exilio, Carles Puigdemont, y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.
Frenadas y derivadas a tribunales
La formación independentista también ha cifrado las causas que se han elevado a tribunales superiores, hecho que implica que la amnistía quede en suspenso para 15 manifestantes y 52 políticos o cargos públicos. El Tribunal Constitucional ya analiza los recursos presentados por el Supremo, el TSJC y la mayoría de gobiernos autonómicos del PP. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia la norma y sus límites en caos importantes, como el de los CDR acusados de terrorismo en la operación Judas.
En la interpretación de las cifras, el portavoz de Alerta Solidaria ha destacado que se conceden más amnistías "en casos de manifestaciones postsentencia, la Diada y manifestaciones del 1 de octubre, que no en otras muchas expresiones derivadas del proceso, como por ejemplo protestas diversas y vagos". Martí Majoral ha concluido: "Lamentamos que con el magro resultado de todo quien sí que se ha beneficiado, desde el primer día y por avanzado, es Pedro Sánchez."